“Las consultas previas son un dolor de cabeza enorme: Santos”

El Presidente de Colombia lo ha dejado claro: para este gobierno el asunto de la consulta previa no constituye una garantía de derechos de las poblaciones étnicas sino un problema de racionalidad estatal. Precisamente por ello, sus huestes se aprestan para influenciar, sonsacar y cooptar a los liderazgos afrodescendientes y, muy seguramente de no conseguirlo, persistirán hasta torpedear la discusión autónoma del pueblo congregado en Quibdó al final de la presente semana, en el Congreso Nacional Afrocolombiano. A pesar de ello, el Presidente tendrá que tomar mucho acetaminofén si cree que el “dolor de cabeza” de la consulta previa desaparecerá a punta de chantajes del ejecutivo a los nuevos liderazgos; tal como hacía - y al parecer todavía hace, con aquellas figuras venales y antojadizas a las que sostuvo y sostiene con los recursos de los que ahora se duele.

A Santos le angustia que en Colombia, para frenar la voracidad del capital extractivo, la penetración de las transnacionales y la pasión rentabilística de los privados que se prestan para simular temporalmente que operan como funcionarios públicos (articulando neocolonialidades abyectas y perniciosas); la constitución, la ley, el desarrollo jurisprudencial y la movilización activa le hayan puesto cortapisas a tales prácticas instalando como medida de protección, contención del daño y garantía de derechos, la consulta previa, libre e informada a los pueblos étnicos que, de otra manera, resultarían seriamente lesionados por prácticas desarrollistas contrarias y destructoras de su particular estilo de vida diferenciado. 

Fiel a su estirpe, al Presidente le preocupa el ritmo lento con que el Estado debe proceder cuando se pone en riesgo la preservación de la vida y la sustentación de la ancestralidad y la territorialidad; olvidando que incluso en compendios legislativos oficiales se reconoce que “los grupos étnicos han enseñado a las instituciones del Estado, a las empresas privadas y a la sociedad colombiana e internacional, en general, que su conocimiento y su cosmovisión ancestral, cultural y religiosa no solo es actual, sino que es el patrimonio cultural de nuestro país, por lo cual su condición étnica es un hecho permanente y estable y su reconocimiento es el punto de partida fundamental para el respeto y promoción de sus derechos” (Manrique Zuluaga 2009, 10).

Tal como ya había escrito (ver), tanto el gobierno como los emporios económicos acusan a indígenas y afrodescendientes de tener paralizado el desarrollo del país y de no dejar funcionar al Estado, esgrimiendo el pretexto de que los procesos de consulta son costosos, largos y con resultados no necesariamente controlables por el ejecutivo; el cual, para asegurar los efectos que esperaba, con frecuencia logró que sus emisarios giraran la rueda de la fortuna con la que personajes altamente nocivos para el futuro y sostenibilidad de nuestros pueblos, terminarían por robustecer sus fortunas personales a costa de comprometer el futuro de nuestros pueblos.

Pero tal práctica se les vino abajo mediante sentencias de las altas cortes (ver), por lo que, esgrimiendo sus cartas, el Presidente acaba de afirmar que tiene listo un decreto para reglamentar la consulta previa; el cual para que pueda entrar en vigor, afortunadamente requiere ser informado, previamente consultado y libremente aceptado por las comunidades étnicas que resultarían afectadas por su entrada en vigencia. Por eso la Presidencia ha movido sus fichas, activando a antiguos exconsultivos que asistirán a Quibdó a intentar mutilar el carácter autónomo del Congreso convocado, buscando que dicha cita constituya evidencia de que ese proyecto, lesivo a los intereses de las y los afrodescendientes, sea aprobado tal como ha sido ya negociado. ¡Eso no puede pasar!

Y no puede pasar, si es que el Congreso Nacional Afrocolombiano es verdaderamente autónomo, por varias razones:

1. El desarrollo del país no puede hacerse contra el arraigo, la sostenibilidad y la territorialidad de los pueblos étnicos. Por ello, resulta perverso que sea el Presidente de Colombia quien vea en la actitud resistente de las comunidades étnicas un peligro para la nación, cuando se trata de que él se de cuenta de los agravantes de amenazar la sostenibilidad ambiental, el equilibrio y arraigo territorial y la identidad cultural; gravemente amenazadas por sus locomotoras, especialmente la mineroenergética.

2. El imperio extractivo pone en riesgo la vida misma de los pueblos étnicos. El capital jamás ha sido ni será generoso con la protección de la vida. Poner el empeño en una concepción del desarrollo centrada en lo que la gente sabe producir y hace con su saber sobre o bajo la tierra, independientemente de sus consecuencias; no constituye un buen argumento para quienes configuran su existencia a partir de lo que se ha sido y se precisa para seguir siendo, armoniosamente y en el territorio conquistado, vivido, celebrado y legado. Dos modelos de desarrollo tan diferentes requieren necesariamente de espacios, mecanismos y protocolos que contribuyan a fomentar entendimientos en torno a las políticas públicas y proyectos gubernamentales; o a su desmonte si es lo que se precisa.

3. La extracción de minerales y el corte de maderables a la usanza de las empresas tras los megaproyectos sobre territorios ancestrales les hace “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”; tal como ha reconocido la Corte Constitucional. Para las comunidades que padecen hoy la desprotección estatal, el desarraigo y la muerte producida por guerrillas y grupos armados convertidos en ejércitos anti-restitución y mercenarios megacorporativos, la consulta previa, densificada por las decisiones de las altas cortes, resulta fundamental en el proyecto de reexistencia en el que se encuentran.

4. De hecho, al revisar las implicaciones que hoy tiene el desarrollo minero del país, hasta las entidades estatales como la Contraloría General de la Nación prenden serias alarmas pues, según un muy reciente informe (ver), es preciso superar el modelo extractivista sobre el cual se articulan hoy prácticas de despojo tras la apropiación del territorio, requiriéndose la recuperación de la gobernabilidad minera en el país y la contracción del acaparamiento y la concentración del suelo y del subsuelo. De hecho se escucha en las comunidades que, más que locomotora minera, lo que se avecina de manera acelerada es el tren de la muerte y la desaparición de sus líderes y de los grupos étnicos.

5. El gobierno parece sordo para no advertir que, antes que contener la consulta y hacerla inocua, las Cortes reclaman garantías efectivas para los pueblos étnicos. El amplio expediente jurisprudencial de la Corte Constitucional a favor de la Consulta Previa, Libre e Informada fundamenta la definición de planes de acción y políticas públicas estructuradas bajo el principio de que los pueblos étnicos constituyen sujetos de especial protección constitucional y titulares de derechos fundamentales nacidos del reclamo, reconocimiento y vivencia de sus identidades y culturas. Por ello, así cuesten y sean lentas, las consultas no pueden obviarse ni para implementar proyectos de riesgo considerable, como tampoco ignorarse en los casos en que las políticas se propongan impactos favorables o positivos en dichas comunidades.

6. Tal como ya se vio con el malogrado proyecto de ley estatutaria de consulta previa, el gobierno no respeta esta figura; antes bien, su pretensión es adelantar diálogos ciudadanos no vinculantes, sin acción participativa ni deliberación que no puedan detener el avance de sus proyectos o los del capital extractivista. Pese a ello, la apuesta de los pueblos étnicos, especialmente el afrodescendiente, precisa instalar un diseño institucional de la consulta previa que incorpore también a los contextos urbanos en su implementación; como quiera que también las ciudades constituyen territorios en los que se ha sembrado y se continúa heredando, en una compleja trama interétnica e intercultural, la descendencia africana.

Contra los afrocolombianos, en Quibdó, el gobierno nacional medirá sus fuerzas y movilizará sus ejércitos para obtener un protocolo y mecanismos de consulta apocados, con un organismo fácil de controlar. Está por verse si, en esta hora, el pueblo afrodescendiente tiene suficiente autonomía y músculo para batallar por la preservación de su heredad.

------

Manrique Zuluaga, Viviana. «Introducción.» En La consulta previa a grupos étnicos en Colombia. Compendio de legislación, jurisprudencia y documentos de estudio, de ministerio del Interior y de Justicia, 9-10. Ministerio del Interior y de Justicia, 2009
-----
Las declaraciones del presidente Santos fueron hechas al cierre de la Asamblea de la ANDI, el 16 de agosto de 2013, en Pereira.