sábado, 10 de junio de 2017

Asignatura pendiente: movilización ciudadana y gestión de lo público

La larga historia de protestas, plantones, bloqueos, movilizaciones y paros en Colombia evidencia la tensión manifiesta y no resuelta entre la precariedad en el aseguramiento de derechos y la perplejidad desobligante  y desestabilizadora en las prácticas institucionales. Las consecuencias: un panorama insostenible que incrementa la vulnerabilidad de públicos específicos desatendidos o precariamente incorporados al reparto y disfrute de bienestar y desnuda la incompetencia de los organismos estatales para producir transformaciones sistémicas que contribuyan a elevar los niveles de satisfacción de la ciudadanía con sus gobernantes.

Más allá de la aparente efervescencia con la que se suceden los reclamos tras las luchas y reivindicaciones populares, la situación pareciera responder a la configuración de emergencias permanentes; un verdadero oxímoron cuya contradicción evidencia la insolvencia moral y funcional de quienes, al frente de las entidades públicas, tramitan a desgano los asuntos sociales y políticos, que son leídos como padecimientos incruentos por sectores ciudadanos cada vez más activos en las redes sociales y en las calles.

Para ensanchar más aun esta escisión, se sigue repitiendo como un mantra la vieja fórmula de los recursos escasos ante necesidades crecientes con la que los economistas y politólogos institucionalistas clásicos han alimentado la ortodoxia funcional de las instituciones públicas; eliminando de los diccionarios políticos y de la práctica gubernamental la noción de que gobernar es resolver problemas. En su defecto, los administradores y gerentes frente a las entidades estatales aplican eufemísticos criterios de focalización, eficiencia y austeridad en el gasto con los que la implementación de políticas adquiere un carácter rentabilístico, bastante alejado de cualquier noción de producción de igualdad o desescalamiento de las desigualdades y afecto a la concepción depredadora de la responsabilidad social pública; muy conveniente al modelo implementado en los entornos privados de donde provienen y hacia los que volverán quienes han aprendido a abrir y cerrar a su antojo la lucrativa puerta giratoria entre lo público y lo privado, con la que se aseguran y garantizan prebendas, contratos, deducciones, retornos y beneficios a emporios familiares, influyentes empresarios, agradecidos financistas, socios corporativos y capitalistas emergentes de todo orden.

En el ínterin, las comunidades acumulan malestares medidos en índices de pobreza, desarrollo humano, reparto de riqueza o calidad de vida, que sirven para calcular qué tan pobre, desigual o infeliz es la gente sin que contribuyan a superar las condiciones materiales de insatisfacción real y manifiesta que padecen tras tales guarismos. De ahí que, cada vez con mayor frecuencia, advirtamos que se incrementan, se extienden y se tornan más incisivas las acciones movilizatorias que convocan a grupos humanos descomunales en la vía pública expresando descontento creciente y acopiando reclamos, cuya vulgar desatención les hace preguntarse por el beneficio de pertenecer a una nación incapaz de solventar creativamente sus problemas y atender a suficiencia sus necesidades. 

Si bien la alternativa para la ciudadanía para provocar recambios administrativos orientados a una reingeniería de lo público pasa por la captura de los aparatos del Estado, ya no por la vía armada, dado su desgaste histórico y desmonte por imposibilidad factual, sino mediante la contestación electoral que descentre a las élites y sus apellidos tradicionales; no parece consistente que ello vaya a ocurrir en el inmediato futuro. Tal como se observa aquí y en otras latitudes, hoy asistimos a una doble perplejidad pues, de un lado, padecemos el desparpajo de las ciudadanías autoconvocadas, fragmentarias, de agite coyuntural y sin causas ni compromisos de largo aliento, producidas por el desencanto con la política tradicional como ya se ha analizado con suficiencia. De otro lado, pende sobre nosotros el peso de la inacción producida por la atomización, el desvertebramiento organizativo y el equívoco del rumbo en los movimientos sociales y étnicos clásicos y nuevos; cuya interseccionalidad se ha hecho abrumadora, tanto como su incompetencia para provocar actuaciones estratégicas y transformaciones sostenidas y crecientes.

No obstante, parece imperioso provocar acumulados tras el agigantado volumen de estas precarias acciones movilizatorias; por lo que, aspirando a fortalecerlos, deberíamos preguntarnos ¿cómo se estructuran los nuevos movimientos? ¿Responde eficientemente tal estructura a formas innovadoras de producir transformaciones políticas? ¿Si logran un alto impacto los nuevos movimientos, por qué persiste la sensación de inacción y fatalidad histórica? ¿Bajo qué acuerdos provocar armazones estructurantes de la multiplicidad de acciones organizativas existentes? ¿Con qué herramientas emprender la reconfiguración de la acción colectiva y su potencialidad organizativa y movilizatoria en el siglo XXI? 

Como se ve, semejante batería de preguntas evidencia toda una asignatura pendiente en la ruta de estrechar la brecha entre la acción de los públicos organizados y la gestión institucional de lo público, tan descuidada por las lecturas de lo social en esta segunda década del siglo XXI.

sábado, 3 de junio de 2017

La mala ventura del buen puerto

A quienes les encanta afirmar que los “negros” siempre están bailando de fiesta en fiesta les horroriza verlos gritando cuando se rebelan y protestan. De ahí que anden espantados inventándose excusas simplonas para intentar contener la resistencia popular que se ha expresado masivamente en las últimas semanas en las calles de Buenaventura y Quibdó, con apoyo solidario por todo el país y buena parte de la comunidad internacional; expresando su cansancio con el descaro por la sostenida desatención a mínimos vitales y a los dilemas del conflicto armado en las dinámicas territoriales del Pacífico nominalmente colombiano. 

Como si no importaran los siglos de abandono y desprotección de los mares, ríos y su gente, renaciente sobre el Pacífico[i]; a las autoridades del Valle del Cauca y de Colombia le ha importado muy poco o nada el que diferentes personalidades y organismos nacionales e internacionales hayan manifestado, por décadas y de manera sostenida, que la situación de la comunidad afrodescendiente en “el principal puerto del país” es insostenible e inconstitucional. 

sábado, 27 de mayo de 2017

La trampa de dilatar lo urgente

Quienes afirman que los motivos del actual paro en Buenaventura constituyen problemas endémicos que en nada comprometen al Estado para declarar con urgencia la emergencia social, económica y ambiental que se ha solicitado de manera reiterada por varios años para atender urgencias manifiestas del puerto más importante del país, no sólo desconocen el contenido constitucional de tal declaratoria sino que insisten en el peligroso juego de dilatar los procesos de diálogo con las comunidades sin la intención real y manifiesta de resolver los problemas que las aquejan. 

La emergencia económica, social y ambiental constituye uno de los tres estados de excepción con que la Constitución autoriza al gobierno nacional a conjurar situaciones sobrevinientes que implican la celeridad en la toma de decisiones impostergables; siempre bajo control del órgano constitucional. Junto a la declaración del Estado de Guerra Exterior, y la declaratoria de Estado Conmoción Interior, esta tercera posibilidad de acción gubernamental inminente obra sobre asuntos “que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública”, según el artículo 215 constitucional. 

Dicho de otra manera, siempre que no se trate de la guerra externa o de asuntos que perturben de manera grave el orden público, queda bajo la potestad del gobierno atender asuntos de extrema circunspección apelando a una figura motivada por las serias implicaciones que, de no atenderse por esta vía, implicarían menoscabo de la garantía de derechos para individuos y comunidades bajo amparo constitucional. 

Se equivocan entonces quienes afirman que en el caso del puerto de Buenaventura no están dadas las condiciones para impetrar dicha figura pues no solamente queda demostrado que por la vía ejecutiva convencional no se han tramitado ni resuelto los problemas que acosan a esta sentida ý significativa fracción del territorio nacional y su población sino que, además, de no hacerlo se agravarían sustancialmente las dolencias del puerto. 

En el caso de Buenaventura no estamos hablando ni de guerra exterior; pese a los acalorados comentarios de quienes quisieran levantar la bandera de una eufemística República del Pacífico liderada por Chocó; como tampoco estamos hablando de situaciones propias de la conflictividad interna de este país crecido entre convulsiones, al viejo estilo del estado de sitio. 

Es manifiesto que el puerto requiere que se tomen medidas de excepción que contengan la grave crisis humanitaria que se expresa en contravía del querer constitucional de paz, garantía de la vida y cuidado de todos y cada uno de los derechos de la población que resiste en el territorio de Buenaventura; afectada por la inacción estatal, la burocratización decisional, la corrupción y voracidad en la apropiación del recurso público y la protuberante desproporción en el disfrute de la riqueza que se produce en la ciudad y que no beneficia a su gente pero sí a las pocas familias que se adueñaron del puerto y pretenden hoy extender su poderío y concentración exclusivista con la implementación del funesto Master Plan Buenaventura 2050. 

Quienes vemos el padecimiento del puerto nos preguntamos, si es que se afirma que con medidas convencionales se puede campear esta crisis ¿por qué las mismas han brillado por su ausencia? ¿Acaso no es el mismo gobierno el que ha agravado la situación del puerto? ¿Es que se piensa que los problemas del puerto son coyunturales y basta con la implementación de un par de políticas aisladas para resolverlos? 

Es hora de que el país entero se decida a aplicar algún principio de generosidad para los territorios ancestrales en las que las y los descendientes de africanos armaron sus proyectos de autonomía cultural a sin la aquiescencia del estado republicano que, pese a ello, persiste en denominar baldíos estos escenarios de resistencia identitaria. 

Es hora de que el país entero mire hacia el puerto y proteste con contundencia, hasta lograr que sean atendidos los sucesivos autos y fallos de la Corte Constitucional, en garantía de la población afrodescendiente e indígena del Pacífico; eliminando de una vez por todas la trampa perversa de dilatar lo urgente deteniéndose en la minucia de saber si se caería o no la declaratoria de una acción gubernamental con la cual se aseguraría el cumplimiento de lo que en pasadas ocasiones la misma Corte ha ordenado atender con prioridad y urgencia. 

Es hora de que, atendiendo al bienestar de la gente, se piense que Buenaventura es algo más que un rentable y lucrativo puerto que bien puede seguir prosperando a espaldas y en contravía de la ciudad; es decir, de su gente.
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CuestionP Aportes para una teorìa polìtica de la afrodescendencia por Arleison Arcos Rivas se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia.

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