La caída de los faraones

Podría pensarse, caminando rápido, que lo ocurrido en Quibdó con el movimiento afrocolombiano es nada más y nada menos que la crasa evidencia del agotamiento de los movimientos sociales y la expresión agónica de la debilidad tras el izamiento de las banderas étnicas en países en los que su incorporación al desarrollo constitucional ha sido más el reflejo de la condescendencia de las administraciones nacionales con los discursos cosmopolitas de la diferencia multicultural instalados por los organismos de gobierno trasnacional.

Podría pensarse igualmente, con mucha ligereza, que el manifiesto arrobamiento de los liderazgos del movimiento afrocolombiano responde más al desequilibrio de fuerzas producido por el debilitamiento de los cuadros históricos, tras haber sucumbido a manos de actores armados (incluso por el mismo estado) sus voces más agudas y populares.

“Las consultas previas son un dolor de cabeza enorme: Santos”

El Presidente de Colombia lo ha dejado claro: para este gobierno el asunto de la consulta previa no constituye una garantía de derechos de las poblaciones étnicas sino un problema de racionalidad estatal. Precisamente por ello, sus huestes se aprestan para influenciar, sonsacar y cooptar a los liderazgos afrodescendientes y, muy seguramente de no conseguirlo, persistirán hasta torpedear la discusión autónoma del pueblo congregado en Quibdó al final de la presente semana, en el Congreso Nacional Afrocolombiano. A pesar de ello, el Presidente tendrá que tomar mucho acetaminofén si cree que el “dolor de cabeza” de la consulta previa desaparecerá a punta de chantajes del ejecutivo a los nuevos liderazgos; tal como hacía - y al parecer todavía hace, con aquellas figuras venales y antojadizas a las que sostuvo y sostiene con los recursos de los que ahora se duele.

y se instaló la consultiva de los Consejos Comunitarios…

Alerta: Debe recordarse que la Resolución 0121 y el decreto 2163 de 2012 fueron provisionalmente SUSPENDIDOS mediante auto de la Corte constitucional, así como los procesos de consulta respectivos.

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La Comisión Consultiva de Alto Nivel para las comunidades afrodescendientes en Colombia ha generado por mucho tiempo inmensas dudas y resquemores en liderazgos, organizaciones y comunidades a lo largo y ancho del país; viéndose unos u otros más o menos favorecidos por la participación y empuje a sus proyectos, gracias a la intermediación de figuras regionales frecuentemente asociadas a las redes clientelares y maquinarias electorales estimuladas por los partidos tradicionales.

De manera abyecta, una de las principales contradicciones de este órgano instituido con la ley 70 de 1993, consistió en que, nacido para preservar los intereses del pueblo afrodescendiente en el país, se zafó en incontables ocasiones de la obligación de promover y afianzar la consulta previa al momento de tomar decisiones de amplia incidencia en los asuntos puestos a su consideración. Obrando así, terminó por convertirse en un instrumento útil al querer de los gobiernos que, afanosa y diligentemente, animaron tal proceder con dádivas, lisonjas,  manjares, viáticos, prebendas y pagos para quienes contribuyeron a sostener la farsa de consultas que no eran tales. Así, finalizado su periodo, desde el 2010 y hasta finales del año 2012, el gobierno nacional sostuvo de manera acomodaticia e irregular a los dignatarios enquistados en tal posición; desoyendo a los Consejos Comunitarios, organizaciones, liderazgos y comunidades opuestas a tales artimañas.

Pese a semejantes desafueros, la existencia de un organismo de alto nivel en el que pueda centrarse la interlocución, consulta, tramitación, decisión y evaluación de los asuntos y políticas de envergadura nacional incidentes en la situación del pueblo afrodescendiente en el país, resulta fundamental. Sin embargo, privar de tal representación a las comunidades asentadas en territorios por fuera del contexto rural, ribereño o isleño, resulta abiertamente acomodaticio e inconstitucional, tal como ocurre con la expedición y entrada en vigencia del decreto 2163 de 2012, por el que “se conforma y reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras”.