Las declaraciones del polémico
diputado antioqueño Rodrigo Meza, según las cuales “la plata que uno le meta al
Chocó es como echarle perfume a un bollo” evidencian cuan generalizado se ha
hecho el pensar que el Chocó es el asiento privilegiado de la putrefacción
administrativa; como si esa fuese la división territorial más corrupta del
país. Esta entelequia opera en simultánea con otra según la cual el Chocó es un
Departamento pobre, económicamente dependiente de la nación y de Antioquia, que
no puede siquiera autoabastecerse.
Curiosamente, de la corrupción en
el Chocó se habla mucho, especialmente en la fragilidad de las notas de prensa;
pero se escriben muy pocas páginas académicamente consistentes que contribuyan
a esclarecer la dimensión e intensidad del fenómeno y su afectación en el
tratamiento de los problemas en ese territorio; quedando la duda por qué tan
fundadas son estas afirmaciones, si se cuenta con cifras para desmentirlas o
para advertir si la participación departamental en dicho fenómeno constituye o
no la principal barrera para su desarrollo.
Antes que buscar razones
exculpatorias, sí resulta necesario precisar las características de ambos fenómenos
y su impacto en el bienestar de la población chocoana; pues preocupa
sobremanera la alta representación de la población de ese departamento en las
cifras e indicadores de inequidad en el país; así como resulta chocante el que
los propios hijos de ese departamento desgranen el erario público con la participación
y connivencia de familias clientelares como los clanes Montes de Oca y los
Torres, con varios de sus integrantes en la cárcel por diversos delitos;
situación que suma al panorama general del Departamento erigido como tal bajo
el liderazgo, entre otros, de Diego Luís Córdoba en 1947.
