¿Parar para qué?

La potencia de la movilización popular o ciudadana ha gestado, a lo largo de la historia, transformaciones sensibles a la dinámica de explotación y dominio instalada por las elites que controlan no solo el aparato estatal sino además la producción de leyes y el reparto de beneficios societales, acumulados bajo el modelo de capitales.

Sin embargo, ante la imposibilidad de alcanzar un volumen decisional de tal tamaño que resulte posible asegurarse el control del aparato institucional, los públicos organizados y las multitudes autoconvocadas se movilizan hoy en un escenario de lenta transformación que apenas si logra producir perturbaciones en el diseño de las políticas y en el direccionamiento de las instituciones, sin que se provoquen acopios de poder que pongan en riesgo sistema alguno.

Frente a los intereses dominantes de la clase dominante, la activación de individuos, colectivos y organizaciones en procura de alcanzar mayores realizaciones que hagan real el disfrute de derechos y libertades conquistados en diferentes momentos y por diferentes vías incorporadas a la configuración institucional cobra sentido cuando, beligerante o no, alcanza tal eco en la multitud que resulta imposible desoírla.

Si bien es cierto, como afirma Piketty en Capital e Ideología que “todo régimen tiene sus debilidades y sólo puede sobrevivir si está dispuesto a transformarse de manera continua, a menudo de forma conflictiva y violenta, apoyándose en las experiencias del pasado y en los conocimientos adquiridos”, la persistente desigualdad que pone a la gente en la calle no parece ceder ni responder a aprendizaje experiencial alguno ni en quienes reclaman la apertura del sistema ni en quienes se empecinan en cerrarlo todavía más; motivo más que suficiente para persistir en la protesta social y la movilización política.

Lo que queda por verse es si quienes se activan contra ese orden de cosas están usando métodos suficientemente creativos como para suscitar la mayor solidaridad popular y generar un impacto sistémico sensible, de fuerte raigambre local, que pueda producir acumulados planetarios; que haga posible el que “pequeños cambios cuantitativos produzca grandes transformaciones cualitativas”. 

De ahí que preocupe la ineficacia de convocatorias a paros nacionales programados un día cada mes, como si se pensara que jornadas de activación de baja intensidad pudieran acelerar el advenimiento de mutaciones sólidas que llamen a la negociación de asuntos fundamentales e impostergables en beneficio de sectores, colectivos y pueblos desatendidos y vulnerados por mucho tiempo.

Luego de la inusitada movilización decembrina en Colombia, habría que preguntarse por el impacto real de las recientes convocatorias a paros de un día al mes, e inquietarse por el riesgo de convertirlas en liturgias de la inmovilidad.

Asignatura pendiente: movilización ciudadana y gestión de lo público

La larga historia de protestas, plantones, bloqueos, movilizaciones y paros en Colombia evidencia la tensión manifiesta y no resuelta entre la precariedad en el aseguramiento de derechos y la perplejidad desobligante  y desestabilizadora en las prácticas institucionales. Las consecuencias: un panorama insostenible que incrementa la vulnerabilidad de públicos específicos desatendidos o precariamente incorporados al reparto y disfrute de bienestar y desnuda la incompetencia de los organismos estatales para producir transformaciones sistémicas que contribuyan a elevar los niveles de satisfacción de la ciudadanía con sus gobernantes.

La mala ventura del buen puerto

A quienes les encanta afirmar que los “negros” siempre están bailando de fiesta en fiesta les horroriza verlos gritando cuando se rebelan y protestan. De ahí que anden espantados inventándose excusas simplonas para intentar contener la resistencia popular que se ha expresado masivamente en las últimas semanas en las calles de Buenaventura y Quibdó, con apoyo solidario por todo el país y buena parte de la comunidad internacional; expresando su cansancio con el descaro por la sostenida desatención a mínimos vitales y a los dilemas del conflicto armado en las dinámicas territoriales del Pacífico nominalmente colombiano. 

Como si no importaran los siglos de abandono y desprotección de los mares, ríos y su gente, renaciente sobre el Pacífico[i]; a las autoridades del Valle del Cauca y de Colombia le ha importado muy poco o nada el que diferentes personalidades y organismos nacionales e internacionales hayan manifestado, por décadas y de manera sostenida, que la situación de la comunidad afrodescendiente en “el principal puerto del país” es insostenible e inconstitucional. 

La trampa de dilatar lo urgente

Quienes afirman que los motivos del actual paro en Buenaventura constituyen problemas endémicos que en nada comprometen al Estado para declarar con urgencia la emergencia social, económica y ambiental que se ha solicitado de manera reiterada por varios años para atender urgencias manifiestas del puerto más importante del país, no sólo desconocen el contenido constitucional de tal declaratoria sino que insisten en el peligroso juego de dilatar los procesos de diálogo con las comunidades sin la intención real y manifiesta de resolver los problemas que las aquejan. 

La emergencia económica, social y ambiental constituye uno de los tres estados de excepción con que la Constitución autoriza al gobierno nacional a conjurar situaciones sobrevinientes que implican la celeridad en la toma de decisiones impostergables; siempre bajo control del órgano constitucional. Junto a la declaración del Estado de Guerra Exterior, y la declaratoria de Estado Conmoción Interior, esta tercera posibilidad de acción gubernamental inminente obra sobre asuntos “que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública”, según el artículo 215 constitucional. 

Dicho de otra manera, siempre que no se trate de la guerra externa o de asuntos que perturben de manera grave el orden público, queda bajo la potestad del gobierno atender asuntos de extrema circunspección apelando a una figura motivada por las serias implicaciones que, de no atenderse por esta vía, implicarían menoscabo de la garantía de derechos para individuos y comunidades bajo amparo constitucional. 

Se equivocan entonces quienes afirman que en el caso del puerto de Buenaventura no están dadas las condiciones para impetrar dicha figura pues no solamente queda demostrado que por la vía ejecutiva convencional no se han tramitado ni resuelto los problemas que acosan a esta sentida ý significativa fracción del territorio nacional y su población sino que, además, de no hacerlo se agravarían sustancialmente las dolencias del puerto. 

En el caso de Buenaventura no estamos hablando ni de guerra exterior; pese a los acalorados comentarios de quienes quisieran levantar la bandera de una eufemística República del Pacífico liderada por Chocó; como tampoco estamos hablando de situaciones propias de la conflictividad interna de este país crecido entre convulsiones, al viejo estilo del estado de sitio. 

Es manifiesto que el puerto requiere que se tomen medidas de excepción que contengan la grave crisis humanitaria que se expresa en contravía del querer constitucional de paz, garantía de la vida y cuidado de todos y cada uno de los derechos de la población que resiste en el territorio de Buenaventura; afectada por la inacción estatal, la burocratización decisional, la corrupción y voracidad en la apropiación del recurso público y la protuberante desproporción en el disfrute de la riqueza que se produce en la ciudad y que no beneficia a su gente pero sí a las pocas familias que se adueñaron del puerto y pretenden hoy extender su poderío y concentración exclusivista con la implementación del funesto Master Plan Buenaventura 2050. 

Quienes vemos el padecimiento del puerto nos preguntamos, si es que se afirma que con medidas convencionales se puede campear esta crisis ¿por qué las mismas han brillado por su ausencia? ¿Acaso no es el mismo gobierno el que ha agravado la situación del puerto? ¿Es que se piensa que los problemas del puerto son coyunturales y basta con la implementación de un par de políticas aisladas para resolverlos? 

Es hora de que el país entero se decida a aplicar algún principio de generosidad para los territorios ancestrales en las que las y los descendientes de africanos armaron sus proyectos de autonomía cultural a sin la aquiescencia del estado republicano que, pese a ello, persiste en denominar baldíos estos escenarios de resistencia identitaria. 

Es hora de que el país entero mire hacia el puerto y proteste con contundencia, hasta lograr que sean atendidos los sucesivos autos y fallos de la Corte Constitucional, en garantía de la población afrodescendiente e indígena del Pacífico; eliminando de una vez por todas la trampa perversa de dilatar lo urgente deteniéndose en la minucia de saber si se caería o no la declaratoria de una acción gubernamental con la cual se aseguraría el cumplimiento de lo que en pasadas ocasiones la misma Corte ha ordenado atender con prioridad y urgencia. 

Es hora de que, atendiendo al bienestar de la gente, se piense que Buenaventura es algo más que un rentable y lucrativo puerto que bien puede seguir prosperando a espaldas y en contravía de la ciudad; es decir, de su gente.