Asignatura pendiente: movilización ciudadana y gestión de lo público

La larga historia de protestas, plantones, bloqueos, movilizaciones y paros en Colombia evidencia la tensión manifiesta y no resuelta entre la precariedad en el aseguramiento de derechos y la perplejidad desobligante  y desestabilizadora en las prácticas institucionales. Las consecuencias: un panorama insostenible que incrementa la vulnerabilidad de públicos específicos desatendidos o precariamente incorporados al reparto y disfrute de bienestar y desnuda la incompetencia de los organismos estatales para producir transformaciones sistémicas que contribuyan a elevar los niveles de satisfacción de la ciudadanía con sus gobernantes.

Más allá de la aparente efervescencia con la que se suceden los reclamos tras las luchas y reivindicaciones populares, la situación pareciera responder a la configuración de emergencias permanentes; un verdadero oxímoron cuya contradicción evidencia la insolvencia moral y funcional de quienes, al frente de las entidades públicas, tramitan a desgano los asuntos sociales y políticos, que son leídos como padecimientos incruentos por sectores ciudadanos cada vez más activos en las redes sociales y en las calles.

Para ensanchar más aun esta escisión, se sigue repitiendo como un mantra la vieja fórmula de los recursos escasos ante necesidades crecientes con la que los economistas y politólogos institucionalistas clásicos han alimentado la ortodoxia funcional de las instituciones públicas; eliminando de los diccionarios políticos y de la práctica gubernamental la noción de que gobernar es resolver problemas. En su defecto, los administradores y gerentes frente a las entidades estatales aplican eufemísticos criterios de focalización, eficiencia y austeridad en el gasto con los que la implementación de políticas adquiere un carácter rentabilístico, bastante alejado de cualquier noción de producción de igualdad o desescalamiento de las desigualdades y afecto a la concepción depredadora de la responsabilidad social pública; muy conveniente al modelo implementado en los entornos privados de donde provienen y hacia los que volverán quienes han aprendido a abrir y cerrar a su antojo la lucrativa puerta giratoria entre lo público y lo privado, con la que se aseguran y garantizan prebendas, contratos, deducciones, retornos y beneficios a emporios familiares, influyentes empresarios, agradecidos financistas, socios corporativos y capitalistas emergentes de todo orden.

En el ínterin, las comunidades acumulan malestares medidos en índices de pobreza, desarrollo humano, reparto de riqueza o calidad de vida, que sirven para calcular qué tan pobre, desigual o infeliz es la gente sin que contribuyan a superar las condiciones materiales de insatisfacción real y manifiesta que padecen tras tales guarismos. De ahí que, cada vez con mayor frecuencia, advirtamos que se incrementan, se extienden y se tornan más incisivas las acciones movilizatorias que convocan a grupos humanos descomunales en la vía pública expresando descontento creciente y acopiando reclamos, cuya vulgar desatención les hace preguntarse por el beneficio de pertenecer a una nación incapaz de solventar creativamente sus problemas y atender a suficiencia sus necesidades. 

Si bien la alternativa para la ciudadanía para provocar recambios administrativos orientados a una reingeniería de lo público pasa por la captura de los aparatos del Estado, ya no por la vía armada, dado su desgaste histórico y desmonte por imposibilidad factual, sino mediante la contestación electoral que descentre a las élites y sus apellidos tradicionales; no parece consistente que ello vaya a ocurrir en el inmediato futuro. Tal como se observa aquí y en otras latitudes, hoy asistimos a una doble perplejidad pues, de un lado, padecemos el desparpajo de las ciudadanías autoconvocadas, fragmentarias, de agite coyuntural y sin causas ni compromisos de largo aliento, producidas por el desencanto con la política tradicional como ya se ha analizado con suficiencia. De otro lado, pende sobre nosotros el peso de la inacción producida por la atomización, el desvertebramiento organizativo y el equívoco del rumbo en los movimientos sociales y étnicos clásicos y nuevos; cuya interseccionalidad se ha hecho abrumadora, tanto como su incompetencia para provocar actuaciones estratégicas y transformaciones sostenidas y crecientes.

No obstante, parece imperioso provocar acumulados tras el agigantado volumen de estas precarias acciones movilizatorias; por lo que, aspirando a fortalecerlos, deberíamos preguntarnos ¿cómo se estructuran los nuevos movimientos? ¿Responde eficientemente tal estructura a formas innovadoras de producir transformaciones políticas? ¿Si logran un alto impacto los nuevos movimientos, por qué persiste la sensación de inacción y fatalidad histórica? ¿Bajo qué acuerdos provocar armazones estructurantes de la multiplicidad de acciones organizativas existentes? ¿Con qué herramientas emprender la reconfiguración de la acción colectiva y su potencialidad organizativa y movilizatoria en el siglo XXI? 

Como se ve, semejante batería de preguntas evidencia toda una asignatura pendiente en la ruta de estrechar la brecha entre la acción de los públicos organizados y la gestión institucional de lo público, tan descuidada por las lecturas de lo social en esta segunda década del siglo XXI.