La mala ventura del buen puerto

A quienes les encanta afirmar que los “negros” siempre están bailando de fiesta en fiesta les horroriza verlos gritando cuando se rebelan y protestan. De ahí que anden espantados inventándose excusas simplonas para intentar contener la resistencia popular que se ha expresado masivamente en las últimas semanas en las calles de Buenaventura y Quibdó, con apoyo solidario por todo el país y buena parte de la comunidad internacional; expresando su cansancio con el descaro por la sostenida desatención a mínimos vitales y a los dilemas del conflicto armado en las dinámicas territoriales del Pacífico nominalmente colombiano. 

Como si no importaran los siglos de abandono y desprotección de los mares, ríos y su gente, renaciente sobre el Pacífico[i]; a las autoridades del Valle del Cauca y de Colombia le ha importado muy poco o nada el que diferentes personalidades y organismos nacionales e internacionales hayan manifestado, por décadas y de manera sostenida, que la situación de la comunidad afrodescendiente en “el principal puerto del país” es insostenible e inconstitucional. 

Tal como pudimos apreciarlo en su momento y como lo afirmaba  la gente, trabajar en el puerto de Buenaventura permitía a las familias de modestos coteros o estibadores (sin educación o estudios en su gran mayoría) disfrutar de condiciones de vida que hacían que el puerto fuese denominado "Tura York" por quienes incluso empezaron a incorporar a su modo de vida formas y prácticas del lejano Harlem; muy cercano en los sonidos y dejos callejeros que de muchos modos hicieron de "Tura" una ciudad abierta al mundo. 

Esa misma gente es la que afirma que todo se jodió cuando Cesar Gaviria y su flamante Ministro de Comercio Exterior, Juan Manuel Santos, ordenaron la liquidación de la empresa estatal Puertos de Colombia, tomando igualmente la decisión de su privatización y lanzamiento como Sociedad Portuaria de Buenaventura; lo que significó la concesión a precio de huevo del motor económico en el puerto en favor de un puñado de emporios familiares beneficiados tras el fenómeno de la paradójicamente denominada “apertura económica” que, hay que decirlo, contó con el contubernio de líderes sindicales beneficiados con una generosa tajada en ese negocio[iv]. El 21 de diciembre de 1993, con esa decisión, se abre la puerta a la radicalización de la miseria y la proliferación de ejércitos mercenarios en el territorio porteño[v]. 

En 2014, a raíz de la visita oficial del Congreso de los Estados Unidos, el representante James McGovern denuncia graves y preocupantes situaciones de agresión e injusticia a la población de Buenaventura, que ponen en entredicho el cuidado y garantía de los derechos humanos[ii] Desde el mismo año, el senador del Polo Democrático Alexander López ha sostenido sendos debates en los que cuestiona la inacción del Estado colombiano e imputa a 12 familias acaudaladas la concentración y apropiación de la riqueza en el puerto; sin que ello haya significado la revisión de la plataforma operacional del puerto en favor de su democratización y, menos aún, la redistribución de la riqueza procurando mayores beneficios para la comunidad que, por el contrario, ha visto cómo recrudecen sus padecimientos[iii]. 

Pese a la manifiesta situación de horror, miseria y depoderamiento que padece la comunidad, el Puerto presenta unas cifras de éxito gigantescas; contradicción que resulta abiertamente irregular e insostenible. De hecho, ni la sentencia T-025 de 2004 ni el Auto 005 de 2009 proferidos por la Corte Constitucional denunciando “el estado de cosas inconstitucional” e impartiendo “varias órdenes complejas” han valido para que el gobierno nacional y departamental afronten con seriedad la severa crisis que padece la gente en un puerto sin acueducto ni alcantarillado decente, con precariedad educativa, obsolescencia e inexistencia en servicios de salud, entre muchos otro problemas que les mantienen “segregados y discriminados en su propio territorio”; mientras, por otro lado, la riqueza entra y sale en grandes cantidades sin que puedan disfrutarla como lo hacen las familias que se adueñaron del puerto y las que se lo siguen robando. 

Para robustecer aún más el negocio portuario, los operadores de la ciudad contrataron y diseñaron el denominado “Master Plan, Buenaventura 2050” cuya concreción, a sangre y fuego, en lugar de proyectar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, constituye una estrategia descarada de apropiación territorial y expansión del negocio portuario en zonas de bajamar que han sido conquistadas históricamente por la gente. La situación es de tan hondo calado que buena parte de los liderazgos y organizaciones en el puerto no dudan en referirse a ella como un verdadero proceso de “limpieza étnica” que pretende arrasar con la vida, la presencia histórica de las comunidades y su pervivencia cultural e identitaria como pueblo afrodescendiente[vi]. 

Esta jugada privatizadora ha alimentado el malestar y descontento de las comunidades y la respuesta armada de los particulares que se adueñaron del puerto; a tal punto que sobre Buenaventura se expresan múltiples y diferentes violencias que configuran una crisis humanitaria no atendida[vii], asociada a las dinámicas de expansión del negocio marítimo, a la contratación de ejércitos paramilitares en la zona, a la confluencia de guerrillas y a la penetración de nuevas estructuras criminales asentadas en el territorio insular y continental. 

Con todo, como grita el hastío y la repugnancia en las calles, si el pueblo no se rinde; el sostenimiento exitoso del actual paro podría ser el dispositivo fulminante para que la gente empiece a disfrutar, por fin, de buena ventura en su puerto. 

REFERENCIAS

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[i] Oscar Almario. “Los renacientes y su territorio. Ensayos sobre la etnicidad negra en el Pacífico sur colombiano”. www.bdigital.unal.edu.co/1744/1/16262720.2003.pdf

[ii][ii] The U.S.-Colombia Labor Action Plan: Failing on the Ground. http://democrats-edworkforce.house.gov/download/the-us-colombia-labor-action-plan-failing-on-the-ground 

[iii] Véase el video Alexander López. “Buenaventura megaproyectos contra comunidades”. https://www.youtube.com/watch?v=0lFKG0cNTzI 

[iv] María Elvira Bonilla. “Los verdaderos dueños de Buenaventura”. https://www.las2orillas.co/los-multimillonarios-duenos-del-puerto-de-buenaventura/ 

[v] Centro Nacional de Memoria Histórica. “Buenaventura; un puerto sin comunidad”. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/buenaventuraPuebloSinComunidad/buenaventura-un-puerto-sin-comunidad.pdf

[vi] Corte Constitucional. Auto 005/09 “Protección de derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04” 

[vii] Servicio Jesuita de Refugiados. “Buenaventura: una crisis humanitaria sin respuesta”. www.oidhaco.org/uploaded/content/article/813217789.pdf