La trampa de dilatar lo urgente

Quienes afirman que los motivos del actual paro en Buenaventura constituyen problemas endémicos que en nada comprometen al Estado para declarar con urgencia la emergencia social, económica y ambiental que se ha solicitado de manera reiterada por varios años para atender urgencias manifiestas del puerto más importante del país, no sólo desconocen el contenido constitucional de tal declaratoria sino que insisten en el peligroso juego de dilatar los procesos de diálogo con las comunidades sin la intención real y manifiesta de resolver los problemas que las aquejan. 

La emergencia económica, social y ambiental constituye uno de los tres estados de excepción con que la Constitución autoriza al gobierno nacional a conjurar situaciones sobrevinientes que implican la celeridad en la toma de decisiones impostergables; siempre bajo control del órgano constitucional. Junto a la declaración del Estado de Guerra Exterior, y la declaratoria de Estado Conmoción Interior, esta tercera posibilidad de acción gubernamental inminente obra sobre asuntos “que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública”, según el artículo 215 constitucional. 

Dicho de otra manera, siempre que no se trate de la guerra externa o de asuntos que perturben de manera grave el orden público, queda bajo la potestad del gobierno atender asuntos de extrema circunspección apelando a una figura motivada por las serias implicaciones que, de no atenderse por esta vía, implicarían menoscabo de la garantía de derechos para individuos y comunidades bajo amparo constitucional. 

Se equivocan entonces quienes afirman que en el caso del puerto de Buenaventura no están dadas las condiciones para impetrar dicha figura pues no solamente queda demostrado que por la vía ejecutiva convencional no se han tramitado ni resuelto los problemas que acosan a esta sentida ý significativa fracción del territorio nacional y su población sino que, además, de no hacerlo se agravarían sustancialmente las dolencias del puerto. 

En el caso de Buenaventura no estamos hablando ni de guerra exterior; pese a los acalorados comentarios de quienes quisieran levantar la bandera de una eufemística República del Pacífico liderada por Chocó; como tampoco estamos hablando de situaciones propias de la conflictividad interna de este país crecido entre convulsiones, al viejo estilo del estado de sitio. 

Es manifiesto que el puerto requiere que se tomen medidas de excepción que contengan la grave crisis humanitaria que se expresa en contravía del querer constitucional de paz, garantía de la vida y cuidado de todos y cada uno de los derechos de la población que resiste en el territorio de Buenaventura; afectada por la inacción estatal, la burocratización decisional, la corrupción y voracidad en la apropiación del recurso público y la protuberante desproporción en el disfrute de la riqueza que se produce en la ciudad y que no beneficia a su gente pero sí a las pocas familias que se adueñaron del puerto y pretenden hoy extender su poderío y concentración exclusivista con la implementación del funesto Master Plan Buenaventura 2050. 

Quienes vemos el padecimiento del puerto nos preguntamos, si es que se afirma que con medidas convencionales se puede campear esta crisis ¿por qué las mismas han brillado por su ausencia? ¿Acaso no es el mismo gobierno el que ha agravado la situación del puerto? ¿Es que se piensa que los problemas del puerto son coyunturales y basta con la implementación de un par de políticas aisladas para resolverlos? 

Es hora de que el país entero se decida a aplicar algún principio de generosidad para los territorios ancestrales en las que las y los descendientes de africanos armaron sus proyectos de autonomía cultural a sin la aquiescencia del estado republicano que, pese a ello, persiste en denominar baldíos estos escenarios de resistencia identitaria. 

Es hora de que el país entero mire hacia el puerto y proteste con contundencia, hasta lograr que sean atendidos los sucesivos autos y fallos de la Corte Constitucional, en garantía de la población afrodescendiente e indígena del Pacífico; eliminando de una vez por todas la trampa perversa de dilatar lo urgente deteniéndose en la minucia de saber si se caería o no la declaratoria de una acción gubernamental con la cual se aseguraría el cumplimiento de lo que en pasadas ocasiones la misma Corte ha ordenado atender con prioridad y urgencia. 

Es hora de que, atendiendo al bienestar de la gente, se piense que Buenaventura es algo más que un rentable y lucrativo puerto que bien puede seguir prosperando a espaldas y en contravía de la ciudad; es decir, de su gente.