jueves, 29 de septiembre de 2016

Pasar la página...

El balance de medio siglo de guerra en Colombia no sólo es deficitario sino calamitoso. La prolongación irracional de un conflicto irresoluble por las armas, el acumulado de muertes sin sentido en todas las orillas de la confrontación, la bancarrota humanitaria y sus serias afectaciones sobre la población civil, desarraigo inmisericorde de millones de afrodescendientes, indígenas y campesinos, el desplazamiento creciente en barrios urbanos, la proliferación de señores de la guerra y bartuleros de la muerte, la instalación de un exuberante portafolio de violencias, iniquidades, matanzas y afrentas a la seguridad personal; además del grave deterioro ambiental, territorial y cultural, registran el apremio para que nos decidamos a abandonar el callejón sin salida que ha significado la guerra.

Paradójicamente, en medio de semejante desbarajuste, los indicadores de acumulación de riqueza y bienestar personal nunca reflejaron saldo en rojo para quienes hicieron de la guerra el mejor negocio para sus negocios. Tanto es así, que banqueros, industriales y comerciantes florecen y prosperan, ajustando su contabilidad y sus estrategias financieras, productivas, mercantiles y comerciales a los ritmos de la conflagración; afirmando con gracia desvergonzada que “el país va mal pero la economía va bien”.


Frente a estos, las evidencias de sostenimiento de la pobreza e incremento de la desigualdad siguen ahí, palmarias; con un índice Gini que persiste en registrar una situación de desigualdad creciente (0,55 para 2015), evidencia de que la pobreza acosa a cerca del 30´% de los colombianos, mientras el 1% de los ricos bien ricos de este país acumulan más del 20% de la riqueza total producida; acaparan el 91% de la tierra más productiva y controlan el 95% de la capacidad accionaria instalada, según CEPAL.

Con estos datos, se hace evidente que la guerra ha sido el principal estímulo a la perpetuación de la desigualdad en Colombia, al tiempo que ha servido como la excusa perfecta para incrementar los niveles de represión a la movilización social, ha favorecido la militarización de la vida pública y ha fortalecido la verticalidad en la toma de decisiones políticas y económicas, sin mayor contradicción ni expresión de alternativas que puedan contener o moderar el afán voraz de los cuadros sociales dados a la captura de las instituciones y al control productivo, incluidos los mercados de violencia.

En tal marco, es apenas obvio que el propósito nacional fundamental debería llevarnos a matar por desnutrición a la guerra y sus beneficiarios. Dicho de otro modo, promover más guerra y oponerse a la desmovilización de las guerrillas y otras formas ilegales de estímulo a las violencias, no sólo contradice las aspiraciones de un país en paz sino que resulta una postura abyecta que ahonda el hundimiento moral del país. Así las cosas, frente a la posibilidad de impugnar en las urnas un acuerdo final para la terminación del conflicto con las FARC que opere sobre condiciones institucionales para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera, no sólo redunda en dicha crisis moral sino que fortalece la avaricia, el egoísmo y la glotonería con la que se han alimentado los señores de la guerra, las elites emergentes locales, regionales y nacionales y sus pares de cuello blanco y rancios apellidos.

Ojalá que el país tome la mejor decisión este 2 de octubre en el plebiscito convocado para apoyar la terminación de un conflicto armado improductivo, estéril e inmisericorde. Ojalá que el acuerdo alcanzado y sus ulteriores desarrollos constitucionales, legales e institucionales nos permitan pasar la página del horror y empezar a saldar las cuentas y deudas históricas y estructurales que pesan contra quienes han sido las víctimas privilegiadas de una guerra de proporciones desiguales, injustas e insoportables.

Arleison Arcos Rivas
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Rector de la IE Santa Fe – Cali, Docente universitario, Licenciado en Filosofía, Especialista en Políticas Públicas, Especialista en Gobierno y Desarrollo Local, Magister en Ciencia Política y Candidato a Doctor en Ciencias Humanas y Sociales.


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