Seis claves para apostarle a la reexistencia del pueblo afrodescendiente en Colombia

“Miserable suerte la de los esclavos; a quienes no basta la espada de la revolución para romper sus cadenas ni las luces de la filosofía para mejorar su condición” (Juan del Corral)

Reinventarse el movimiento étnico afrodescendiente en Colombia es una tarea urgente y prioritaria. El futuro de más del 25% de colombianos y colombianas que, Sankofa a la vista, elevan la mirada a su descendencia africana para seguir caminando como pueblo con una herencia propia, más allá de la representación maldita de la esclavización, es una construcción impostergable; mucho más en el nacimiento de un Congreso Nacional Afrocolombiano que promete articulación, unión en medio de las diferencias y trabajo hermanado y solidario entre las diferentes expresiones identitarias, perspectivas y tendencias que se expresan al interior del movimiento étnico afrococolombiano; para lo cual aporto estas ideas. Intencionalmente, he evitado cifras, estadísticas y gráficos en este escrito, con la intención de que nuestros aliados con menores niveles de estudios nos lean y nos entiendan. Aun así, he conservado la citación de fuentes académicas a las cuales pueden acudir las y los interesados. 

1.     Un país no se desarrolla si no se desarrolla su gente

Hasta quienes convierten las capacidades humanas en conteos de capital lo saben (Schultz 1968;   Selva Sevilla 2004). También la ortodoxia homogeneizadora del marxismo, leído a través de Fanon, apuesta a la transformación libertaria del ser humano, construyendo el imaginario societal del hombre nuevo en el que se ha producido un cambio de piel que constituye la matrix de una sociedad nueva capaz de romper con la caricatura europeizada (Fanon 1983). Los liberales, por su parte, coinciden en afirmar que el fortalecimiento del capital humano representa la salud del propio territorio (Esparcia Pérez 2011). Puestos en el panorama  de la construcción democrática, es decir, más allá de las lógicas del crecimiento y el adiestramiento ocupacional; el desarrollo del ser humano implica el mejoramiento de sus condiciones de vida de manera sustentable; por lo que alterar la relación entre los seres humanos, la naturaleza y las prácticas económicas puede conducir a la configuración de innovaciones y adecuaciones creativas tanto como a situaciones catastróficas y desastres humanitarios y ecosistémicos.

Si la consecuencia es esa; las prácticas de gobierno y las acciones societales capaces de contener la incertidumbre manifiesta en una situación catastrófica requieren incorporar el saber atesorado a lo largo de la vida y la constitución de un pueblo para hacer frente a los dilemas a las que les enfrentan las versiones econométricas del desarrollo que socavan las prácticas asociativas que moldean el mundo del trabajo en las comunidades étnicas. Ello reclama la Implementación de una perspectiva biopolítica en el desarrollo de políticas públicas para territorios mayoritariamente afrodescendientes en Colombia;  tan necesarias como hacerlo en aquellas en las que empiezan a sumar significativos núcleos poblacionales a lo largo y ancho del territorio colombiano, gestando nuevas formas asociativas y nuevas ancestralidades.

Ante las tensiones y debilidades de las instituciones del estado liberal, la configuración de formas autonómicas de organización social, política y económica cobran vigencia. De manera concreta, resulta preciso dignificar las Cofradías, las prácticas asociativas como la Uramba y las redes de cooperación y decisión como los convites y los Cabildos; que fundamentan el desarrollo étnico territorial afrocolombiano; como quiera que afianzar el Estado Social de Derecho (más allá de la aplicación de recetas de modernización estatal) y estimular la descentralización territorial debe ir de la mano con la restitución y valoración de formas de autonomía cultural acendraras, maduradas y sostenidas en el tiempo.

Con ello lo que se logra es equilibrar la capacidad estatal para desplegar su interés en territorios ancestrales con el vigor con el que las comunidades y sus organizaciones y liderazgos movilizan los recursos disponibles para incidir en su propio desarrollo e influenciar la agenda gubernamental con su propia agenda constituye un movimiento de ingeniería institucional hasta hoy inusitado. Una evidencia suficiente de lo dicho la constituye el impulso que lo hasta ahora reglamentado de la ley 70 de 1993 ha tenido (y tiene) para convertirse en el instrumento jurídico que produzca tal entendimiento, a partir del robustecimiento y desarrollo de los elementos que la constituyen; instalando, de manera destacada, las nociones del desarrollo local étnicamente sustentable o etnodesarrollo, la valoración de la educación propia o etnoeducación,  los procedimientos de validación social de las decisiones públicas mediante procedimientos de consulta previa, la instalación de formas de representación e interlocución en los diferentes entes y entidades en las que debe significarse y robustecerse la presencia y participación de las comunidades étnicas.

El desarrollo del articulado legal afrocolombiano, sin embargo, todavía requiere de una mayor ingeniería institucional que produzca estabilidad en los territorios ancestrales, conlleve el mejoramiento de las condiciones de vida de la población afrocolombiana y construya rutas productivas que promuevan un reparto efectivo de la riqueza y una mayor acumulación de satisfactores del bienestar para enfrentar las prolongadas condiciones de inequidad y los indicadores de malestar persistente y caótico que padecen las y los afrodescendientes, medidos por todos los organismos nacionales o internacionales.

2.     El desarrollo étnico conlleva una fuerte inversión para enfrentar desigualdades reales

Las rutas políticas necesarias para la articulación de un pueblo étnico implican pasar del discurso inmaculado de la equidad a la edificación de instituciones y procedimientos que produzcan igualación efectiva en condiciones diferenciales.

Igualdad y diferencia no constituyen la antítesis de las políticas públicas; muy por el contrario, si el propósito de las instituciones políticas en una sociedad democrática es proveer a la población de condiciones reales para el disfrute del bienestar y la realización exitosa de la vida propia; quienes a su interior se asumen tras identidades que sostienen su adscripción y pertenencia a un grupo étnico o a una comunidad culturalmente diferenciada, deberían poder disfrutar de condiciones que, de manera equilibrada, favorezcan la expresión, vivencia y disfrute de tal distinción; sin que por ello la misma se convierta en un marcador de malestar o en un factor sobre el que se sostengan y perpetúen desigualdades.

Los procedimientos democráticos de igualación y reparto equilibrado del bienestar, más allá de debates multiculturales insulsos centrados en la distinción entre reconocimiento y distribución, requieren insuflar los recursos que sean necesarios para suplir la carencia o precariedad de satisfacciones efectivas nacidas del desequilibrio en el reparto de bienestar. Este principio de actuación institucional diferenciador es el que las comunidades étnicas defienden cuando presionan a las organizaciones gubernamentales (e incluso a la banca multilateral y a las agencias para la cooperación internacional) a evaluar el impacto de las políticas públicas y su incidencia en la trasformación territorial y poblacional.

Con ello, la definición y rediseño de políticas públicas nacidas de estudios dimensionales, evaluaciones de impacto y análisis de suficiencia ganan en significación frente a aquellas habitualmente implementadas de improviso, sin cálculos responsables y amañados al querer de entidades foráneas, actores gubernamentales transitorios y liderazgos venales e inoportunos que no consultan mandatos y necesidades expresadas por largo tiempo en el seno de las propias comunidades.

Para enfrentar tales prácticas, las rutas restitutivas de la dignidad del pueblo afrocolombiano lleva a plantearse mecanismos autonómicos y formas organizativas y movilizatorias que permitan avanzar desde la fraccionalidad e instrumentalidad de las acciones afirmativas y las políticas dadivosas al poderazgo étnico como respuesta a los límites institucionales y requiebres en la expresión del poder político; que constituyen barreras al desarrollo, aun no franqueadas[1].

3.     Ríos y mares constituyen un manantial económico, cultural e identitario insoslayable

El lenguaje dicotómico de la identidad, instalado por las elites nacionales, ha ignorado al Pacífico mientras incorpora, fraccionariamente, piezas culturales del Caribe a la eufemística identidad nacional, industrializada y apocada. La ruralización, empobrecimiento y minusvaloración han sido sinónimos de ‘chocoanización’ en boca de las élites; así como la grosería, el desenfado y la desfachatez fueron convertidas en sinónimo del ser “costeño”, condenando la geografía del  Chocó, del Caribe -y, por extensión, a quienes hacen ancestral el territorio afrocolombiano- a un trato marginal, prejuiciado y lastimero. Todavía se recuerda el “"en el Chocó sólo hay negros y mosquitos” de Sabas Pretelt; tan hiriente como afirmar que “la plata que uno le meta al Chocó es como meterle perfume a un bollo” del malhablado Rodrigo Mesa o, peor aun, pregonar con acento del eje cafetero que “ni el vallenato es música ni el ñame es comida ni el costeño es gente”.

Crecida a fuerza de ignorar sus litorales; costas, mares y su gente reciben poco del estado colombiano. Por muchos años desconocimos a San Andrés y Providencia como parte del mapa en el que aprendían los escolares. Por mucho tiempo igualmente, Colombia se ha empecinado en sostener una política macroeconómica sin mayores preocupaciones por las condiciones para comunicar e intensificar el intercambio económico, cultural e identitario con las comunidades asentadas a boca de playa, río arriba y monte adentro; en una travesía de siglos de hacer propio un territorio institucionalmente demarcado como baldío.

Colombia requiere apostarle a la aceleración del desarrollo económico orientado hacia el mar. La desaparición del ferrocarril, el descuido de la navegabilidad en los puertos existentes, la escaza inversión en investigación marítima, la precariedad urbanística de las ciudades marítimas y su crecimiento no planificado, la criminalidad creciente, la debilidad en el desarrollo de carreteables y otras vías de comunicación desde y hacia las ciudades portuarias y asentadas al pie del mar o poblados comunicables sólo por río, constituyen retos a las políticas públicas en momentos en los que el país estimula alianzas económicas y tratados comerciales con países en la Cuenca del Pacífico. En el mismo sentido habría que apostarle a diversificar los ingresos del Caribe, concentrados sobre el turismo; aportando recursos, desarrollo tecnológico y formación del talento humano para el fortalecimiento de las industrias del mar y de la biodiversidad.

En el ámbito identitario, el movimiento étnico deberá apostarle a desmontar imaginarios fraccionadores del pueblo afrodescendiente en Colombia. Negro, afrocolombiano, palenquero y raizal no constituyen esencialidades en las que no se exprese la común descendencia africana que auna las diferentes expresiones de nuestro pueblo y, muy por el contrario, su sostenimiento como formas de enunciación territorializadas atomiza la expresión articuladora de nuestra diferencia frente al conjunto poblacional colombiano.

Parte de las razones que precisan el levantamiento de una agenda afrodescendiente común, de costa a costa y hacia el interior del país, de cara a los procesos planetarios, consiste precisamente en robustecer el imaginario cultural afrocolombiano que se nutre con las diferentes localizaciones identitarias que la constituyen; cuya historicidad, fundamentación y vitalidad nos recuerda que nuestros ancestros y sus memorias arribaron a América en los mismos barcos y nos hicieron hermanos en la misma brega.

4.     Cinco siglos sumados, condenar a las y los afrodescendientes a límites en su desarrollo humano resulta criminal

La deuda de la esclavización debe pagarse y saldarse definitivamente. Pese a que los procesos históricos no puedan ser medidos ni calculados acudiendo exclusivamente a su expediente temporal, cinco siglos de presencia y resistencia afrodescendiente en América deberían bastar para que sea reconocido nuestro protagonismo en la gestación social, cultural, política y económica del continente y sus países.

Frente a quienes persiguen, con espíritu inquisitivo, huellas y vestigios de africanía; lo que evidenciamos y reclamamos quienes acudimos a África como repositorio de nuestra heredad y fundamento de nuestra existencia como pueblo resistente y reexistente en América es, ganado a fuerza de perseverancia y testarudez, el derecho a celebrar, reivindicar y sustentar la ancestralidad que se reclama para un pueblo o grupo étnico que encuentra evidencias y razones justificadas àra sentirse heredero y adscrito a cosmovisiones, tradiciones, formas identitarias, pertenencias culturales y patrimoniales propias, que le emparentan con pueblos y naciones africanas (Arcos Rivas 2013).  

En la definición de políticas públicas, tal diferencia no debería pesar negativamente como ha ocurrido por largo tiempo en el estado Colombiano. Si bien a partir del desarrollo de la  constitución de 1991 se cuenta con un conjunto de leyes, decretos, planes, documentos, autos y sentencias que han contribuido a menguar la grave situación de desprotección, vulnerabilidad y crisis de proporciones humanitarias que juega en contra de las oportunidades y  del desarrollo de capacidades para la población afrocolombiana, las distintas mediciones de indicadores de bienestar, mejoramiento de las condiciones de vida o fortalecimiento del desarrollo humano todavía les reflejan con las peores cifras; prolongando el crimen de la esclavización en quienes socialmente resultan negativamente marcados por condicionantes biológicos asociados a su descendencia africana.

Quienes miden el peso institucional del racismo y la discriminación (Mosquera y Barcelos 2007), identifican los procedimientos y prácticas como se instala en diferentes escenarios (Wieviorka 1992) y dimensionan su carácter sistémico (Wallerstein 2001) nos advierten con suficiente cuenta del tamaño de la tarea que implica su desmonte.

Enfrentar al racismo con políticas públicas diferenciales pretende desinstalarlo como fuente de agravios a la dignidad humana tanto como sustento de las desigualdades manifiestas en la atención, cobertura y calidad con la que se implementan las acciones gubernamentales, se sostienen prácticas y representaciones sociales  y se escenifican las dinámicas y dualidades del poder con las que, finalmente, se animan las conflictividades y desafíos a la expresión autonómica de las propias identidades y de la interculturalidad (Zambrano 2003).

5.     Romper con la barrera de color trazada sobre territorios ancetrales afrodescendientes es un asunto de interés nacional e internacional impostergable

Si bien las condiciones de instalación del racismo en nuestro país no obedecen a las dinámicas separatistas del apartheid surafricano ni a las de la segregación estadounidense; ello no implica que sus efectos, articulados tras el mito de la democracia racial, no puedan medirse y calcularse en territorios específicos y bajo prácticas claramente instaladas (Rodriguez Garavito, Alfonso Sierra y Cavelier Adarve 2009).

En tal sentido, la disponibilidad de estudios e indicadores que evidencian la dimensión de un retén social que, a diferencia de aquellos sistemas insalvables, opera como una barrera de color franqueable pero articulada sobre la racialización de la diferencia y de las clases, la segregación laboral (Correa , y otros 2012), el evitamiento sistémico  (Cunin 2003), la estratificación social (Barbary, Urrea y Víafara 2004) y el blanqueamiento instrumental (Gil Hernández 2010);  que se expresan en exclusión espacial, simbólica y corporeizada en diferentes espacios y escenarios; especialmente en aquellos que reflejan procesos decisionales y articulaciones de poder. En tal escenario, las comunidades étnicas deben enfrentar dilemas y tensiones que no se reducen a las relaciones intersubjetivas sino que se amplifican en las redes comunicativas y distributivas sistémicas, en macroprocesos de segregación económica y en la ingeniería institucional articuladora de los estados nacionales.

En el ámbito local, la penetración sistémica del capital hace atractivos los territorios ancestrales para la captura de sus recursos y la incorporación del capital transnacional, instalando prácticas de cooptación que se extienden hasta la apropiación territorial adquiriendo (o pretendiendon adquiir) grandes extensiones de tierra, aun con la connivencia de ciertos consejos comunitarios o la suplantación de dichas formas organizativas del pueblo afrocolombiano.

La definición de políticas públicas de contenido étnico en estos casos requiere apuntar a eliminar las barreras reales para que dichos territorios y su población construyan sus propios imaginarios de futuro y encuentren alternativas afectivas para concretarlo; estimulando modelos alternativos de desarrollo; formas autonómicas de organización política y procesos de empoderamiento económico situados más allá de las claves de la autosubsistencia, el déficit y la precariedad; toda vez que lo que está en juego en términos del desarrollo autónomo local es cómo se incorporan las poblaciones étnicas a dinámicas productivas que, de suyo, promueven y provocan la distorsión en sus prácticas, propósitos y finalidades, enfrentando el dilema de que, si bien no se trata de encerrar a las identidades étnicas en culturas de museo, petrificadas e inamovibles; la industrialización y el desarrollo extractivo conllevan el peligro de su socavamiento y no su promoción. Esto, más aun ante la ralentización con la que ocurren los procesos de ascenso social y el desarrollo de una clase media afrodescendiente en el país (Urrea 2011; Viveros Vigoya y Gil Hernández 2010).

6.     Resistencia, organización y movilización

Junto a estas dinámicas de suma importancia a la hora de plantearse una agenda que pase de la resistencia al poderazgo y la reexistencia afrocolombiana, quedan otros asuntos igualmente importantes que implican entender que la agenda comercial y mercantil que compromete al gobierno nacional con gremios y sectores específicos de la producción no reemplaza ni constituye la agenda cultural e identitaria del pueblo afrodescendiente; por lo que no es el estado quien debe organizar la agenda étnica en el país.

De igual manera, el despoblamiento del Pacífico y de amplios territorios ancestrales hacia el Caribe y el Magdalena Medio, producto de la penetración de la guerra en estos  territorios, la concentración extractiva sobre sus minerales y maderas y la instalación institucional de actores y procedimientos de desarraigo y desplazamiento evidencia la voracidad con la que el capital extractivo y los señores de la guerra han logrado enquistarse para producir un escenario catastrófico que lesiona gravemente la estabilidad ambiental y la sostenibilidad biótica; poniendo en riesgo las vidas humanas y el patrimonio cultural atesorado a lo largo de siglos de gestación de un modelo asociativo amparado en la autonomía territorial, la pertenencia identitaria y el respeto a las formas tradicionales de asentamiento, producción y disfrute de la fecundidad, fertilidad y riqueza natural de los territorios ancestrales.

Dadas sus implicaciones, el despoblamiento violento de los territorios ancestrales implicará la adopción de una bioética para la sustentabilidad (Acosta Sariego 2002), que contribuya a construir nuevas formas de entender e intervenir institucionalmente al Pacífico y las demás regiones afectadas severamente por el conflicto armado y la migración forzada, preservando su historia y transformando sus posibilidades de desarrollo. Frente a quienes se preguntan si el desarrollo tiene historia habría que responder desde la historicidad del desarrollo armonioso y sustentable articulado por los grupos humanos asentados en territorios ancestrales, cuyos niveles de eficiencia ecológica y sus prácticas sostenidas en el tiempo hablan frente a la inadecuación de las formas extractivas que, en poco tiempo, han minado la sostenibilidad ambiental de costa a costa, amenazando incluso las condiciones de vida de poblaciones étnicas que dependen del mar, como ocurre en San Andrés, Providencia y sus cayos.

A partir de tal historia compartida, los procesos autonómicos del pueblo afrocolombiano que hoy se escenifican deberán encontrar rutas originales y novedosas para renegociar, en el contexto del país nacional, las condiciones de reexistencia e invención étnica con las que puedan exitosamente enarbolar banderas étnicas que convoquen a la organización y movilización de públicos amplios y heterogéneos internamente organizados y fuertemente movilizados para el aseguramiento y promoción de sus derechos.

Finalmente, en términos del desarrollo humano es preciso anotar que la vida urbana y su incidencia en la identidad personal atomizada y fragmentaria se enfrentan al reclamo de pertenencia de muchos de los públicos articulados a la dinámica de las ciudades contemporáneas; por lo que las políticas públicas asumidas para la población afrocolombiana deberán preocuparse, al mismo tiempo, por preservar la herencia cultural e identitaria ancestral tanto como aprender a negociar la reexistencia en contextos en los cuales se gestan nuevas ancestralidades a partir del reconocimiento y la adscripción a dicha herencia.

Trabajos citados

Acosta Sariego, José. Bioética para la sustentabilidad. Publicaciones Acuario, 2002.

Arcos Rivas, Arleison. «Cuestionp: aportes para una teoría política de la afrodescendencia.» Teorizar la afrodescendencia. 3 de marzo de 2013. http://cuestionp.blogspot.com/2013/03/teorizar-la-afrodescendencia-1.html.

Barbary, Olivier, Fernando Urrea, y Carlos Víafara. Gente negra en Colombia. Dinámicas sociopolíticas en Cali y el Pacífico. CIDSE - COLCIENCIAS, 2004.

Correa , Guillermo, Perez Alexander, Viveros Victor Hugo, y María Edith Morales . Precario pero con trabajo: ¡otros están peor! déficit de trabajo decente en la población afrocolombiana en Cartagena, Buenaventura, Cali y Medellín. Escuela Nacional Sindical, 2012.

Cunin, Elizabeth. Identidades a flor de piel. Lo ‘negro’ entre apariencias y pertenencias: mestizaje y categorías raciales en Cartagena (Colombia). IFEA-ICANH-Uniandes-Observatorio del Caribe Colombiano, 2003.

Esparcia Pérez, Javier. Nuevos factores de desarrollo territorial. Universitatd de València, 2011.

Fanon, Franz. Los condenados de la tierra. FCE, 1983.

Gil Hernández, Franklin Gerly. Vivir en un mundo de ‘blancos’. Esperiencias, reflexiones y representaciones de 'raza' y clase de personas negras de sectores medios en Bogotá. Bogotá: Tesis de maestría en Antropología, Universidad Nacional , 2010.

Mosquera, Claudia, y Luiz Claudio Barcelos. Afroreparaciones: memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos y raizales. Universidad Nacional de Colombia, 2007.

Rodriguez Garavito, Cesar, Tatiana Alfonso Sierra, y Isabel Cavelier Adarve. Raza y Derechos Humanos en Colombia. Primer informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana. Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho, CIJUS, Ediciones Uniandes, 2009.

Schultz, Theodore William. Valor económico de la educación. Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana , 1968.

Selva Sevilla, Carmen. El capital humano y su contribución al crecimiento económico. Ediciones de la Universidad de Castilla, 2004.

Urrea, Fernando. «La conformación paulatina de clases medias negras en Cali y Bogotá a lo largo del siglo XX y la primera década del XXI.» Revista de Estudios Sociales, nº 39 (2011): 24-41.

viveros Vigoya, Mara, y Franklin Gil Hernández. «Género y generación en las experiencias de ascenso social de personas negras en Bogotá.» Maguaré, nº 24 (2010).

Wallerstein, Immanuel. El capitalismo histórico. Siglo XXI, 2001.

Wieviorka, Michel. El espacio del racismo. Paidós, 1992.

Zambrano, Carlos Vladimir. Etnopolíticas y Racismo. Conflictividad y desafíosinterculturales en América Latina. universidad Nacional de Colombia, 2003.

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[1] El Departamento Nacional de Planeación plantea un decálogo de barreras que inciden de modo protuberante en la alta representación de las y los afrodescendientes medidos en indicadores de desarrollo humano deficitario: 1. Racismo y discriminación racial. 2. Baja participación y representación de la población afrocolombianos en espacios políticos e institucionales de decisión. 3. Débil capacidad institucional de los procesos organizativos de la población afrocolombiana. 4. Mayores dificultades para el acceso, permanencia y calidad en el ciclo educativo, lo cual limita el acceso a empleos de calidad y el emprendimiento, dificultando la superación de la pobreza. 5. Desigualdad en el acceso al mercado laboral y vinculación a trabajos de baja especialización y remuneración (empleos de baja calidad). 6. Escaso reconocimiento y valoración social de la diversidad étnica y cultural como uno de los factores que definen la identidad nacional. 7. Deficiencias, en materia de seguridad jurídica, de los derechos de propiedad de los territorios colectivos. 8. Deficiencia en la incorporación e implementación de las iniciativas y propuestas que surgen de la población afrocolombiana, palenquera y raizal. 9. Baja disponibilidad de información sobre población afrocolombiana, lo cual limita la cuantificación y focalización de beneficiarios, así como la definición de una política pública ajustada a las particularidades étnicas y territoriales. 10. Acceso limitado a programas de subsidio. Ver: Departamento Nacional de Planeación. Insumos para el análisis de las barreras que impiden el avance de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Agosto 15 de 2008: https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDTS/Plan_Integral_Afro/DOC_INSUMOS_TALLERES_AFRO(Ago_15_2008).pdf