La plata que uno le meta al Chocó…

Las declaraciones del polémico diputado antioqueño Rodrigo Meza, según las cuales “la plata que uno le meta al Chocó es como echarle perfume a un bollo” evidencian cuan generalizado se ha hecho el pensar que el Chocó es el asiento privilegiado de la putrefacción administrativa; como si esa fuese la división territorial más corrupta del país. Esta entelequia opera en simultánea con otra según la cual el Chocó es un Departamento pobre, económicamente dependiente de la nación y de Antioquia, que no puede siquiera autoabastecerse.

Curiosamente, de la corrupción en el Chocó se habla mucho, especialmente en la fragilidad de las notas de prensa; pero se escriben muy pocas páginas académicamente consistentes que contribuyan a esclarecer la dimensión e intensidad del fenómeno y su afectación en el tratamiento de los problemas en ese territorio; quedando la duda por qué tan fundadas son estas afirmaciones, si se cuenta con cifras para desmentirlas o para advertir si la participación departamental en dicho fenómeno constituye o no la principal barrera para su desarrollo.

Antes que buscar razones exculpatorias, sí resulta necesario precisar las características de ambos fenómenos y su impacto en el bienestar de la población chocoana; pues preocupa sobremanera la alta representación de la población de ese departamento en las cifras e indicadores de inequidad en el país; así como resulta chocante el que los propios hijos de ese departamento desgranen el erario público con la participación y connivencia de familias clientelares como los clanes Montes de Oca y los Torres, con varios de sus integrantes en la cárcel por diversos delitos; situación que suma al panorama general del Departamento erigido como tal bajo el liderazgo, entre otros, de Diego Luís Córdoba en 1947.

Soplan malos aires

La corrupción, más allá de condicionantes morales cotidianamente reconocidos, puede entenderse como “el abuso de posiciones, poder o confianza, para beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero o en especie, cambio de acciones, decisiones u omisiones” (Transparencia Internacional 2000, 15). Tal como opera en relaciones de intercambio entre agentes particulares y gubernamentales orientados por el afán de lucro personal o corporativo, antes que oficiantes del bien común; la corrupción afecta la comprensión de la función pública y las finalidades del Estado, desdibujando la idea según la cual “el trabajo del servidor público le pertenece esencialmente a la sociedad” (Gonzalez García 2000, xvii).

Por ello, contra el conjunto de la ciudadanía; son las familias plutocráticas (aunadas por la voracidad con la que consumen y acumulan en su provecho los recursos públicos), así como las redes clientelares y su capacidad para capturar y apropiarse del aparato gubernamental y de la prestación de justicia, las que resultan beneficiadas con el control administrativo al convertir en instrumento de saqueo el erario público y los bienes que el Estado administra o produce o que transa con la participación de agentes particulares y agremiados.

Pese a su frecuencia y perdurabilidad, como tal, sólo recientemente se adelantan estudios que midan su intensidad en América Latina, marcados en buena medida por la tradición anglosajona (Parker y otros 2004); leídas bajo el lente global del buen gobierno, la eficiencia en la administración pública y la modernización del Estado (Secretaría de la Función Pública 2005; Calderón 2003). Junto al Índice de Percepción de la Corrupción, que pretende medir el impacto institucional en los países estudiados por la ong Transparencia Internacional. En la medición 2012, Colombia continúa como país con alta percepción de corrupción; muy lejos de Chile que es el suramericano de mejor figuración en esta ocasión. Al interior del país, El Chocó no es el departamento con más alto índice de corrupción, aunque se ubica muy cerca de esa base en la medición del Índice de Transparencia Departamental que realiza Transparencia por Colombia.

 ¿Un departamento pobre u olvidado?

El Chocó ha vivido épocas de prosperidad y relativo crecimiento, que no se compadecen con su actual estado calamitoso. De hecho, según un estudio del Banco de la República, antes que la corrupción, al menos cinco serían las causas de las barreras que actualmente afectan el desarrollo de este departamento colombiano: “1. El legado colonial que se refleja en unas instituciones débiles; 2. Las condiciones geográficas y climáticas que afectan la productividad de los factores, aumentan sus costos de transporte y aíslan el departamento del resto de país; 3. La baja dotación del recurso humano chocoano; 4. La estructura económica especializada en un sector, la minería del oro, que tiene muy poca participación en la generación del valor agregado colombiano; y 5. La desintegración del departamento de la actividad económica nacional” (Bonet 2007).

Empero pueda registrar periodos de florecimiento comercial y minero significativos que marcaron  sitiales de importancia entre la primera y segunda guerra mundial gracias a la extracción de platino, el dragado del oro y la producción maderera (Bonet, 2007; González, 2003), el Chocó se sumirá en una situación de crisis protuberante desde mediados del siglo XX; a la cual habría aportado el hecho de que, pese a llegar a ser el principal exportador mundial de platino, la región y el país no recibieron regalías por tal actividad (Leal León 2009). En efecto, históricamente estos dos metales no han producido un considerable incremento de las regalías para los municipios y departamentos extractores. Para más males, hacia 1928, incluso el empréstito y la entrega de créditos se verán seriamente afectada por el hecho de que la población no contaba con títulos de propiedad sobre la tierra (Bonet 2007, 18); tal como se advierte al momento de implementar la ley 70 de 1993 en la que, todavía, se reconoce como baldíos estos terrenos que han sido ambientalmente protegidos y conservados por las comunidades afrodescendientes e indígenas, dedicadas al usufructo para el pancoger dados los altos costos de la producción agrícola sin vías de acceso y penetración adecuadas.

No obstante el significativo crecimiento del PIB en la década de los ochenta (Barón 2003, 9), al Chocó lo bloquea la alta dependencia de la minería de aluvión y la aparente imposibilidad para desarrollar una industria ganadera y agrícola exitosa debido a las altas tasas de pluviosidad[1]; evidente en el casi inexistente desarrollo de haciendas en ese departamento[2].

Paradójicamente, la extensión de apenas 136 kilómetros que tiene la carretera Quibdó – Medellín, por la que se nutrirá un importante intercambio cultural entre los departamentos del Chocó y Antioquia, se convertirá en un factor de empobrecimiento dada la imposibilidad de supervivencia para una industria endeble y, prácticamente, de autosubsistencia como la que presentaba el que sería departamento hacia 1947; lo que favorecería la instalación de empresarios antioqueños que llegaron a la región posesionándose del mercado local (González Escobar 1997) y abasteciendo a Antioquia de oro extraído del Chocó para su posterior fundición concentrada en Medellín, tal como ocurre hasta hoy, con un subregistro de la producción de metales del segundo y un incremento considerable de la del primero. Pese a los muertos que ha generado y el deterioro del transporte comercial y de pasajeros, ésta carretera, aun hoy espera por su terminación.

Pese a las afirmaciones de que la economía del Chocó es deficitaria, habría que preguntarse si, a diferencia de lo que ocurre en otros países con aguas del Pacífico; lo que ha ocurrido en el departamento registra el que no se haya fortalecido su potencialidad económica orientada hacia los negocios marítimos, la explotación piscícola y turística especialmente; que vendrían a significar un fuerte impulso al desarrollo de renglones económicos alternativos propios de la vocacionalidad de este departamento, favorecido además por ser el único con aguas en los dos océanos.

¿Y cómo voy yo?

Es cierto que cuando se consulta el índice de transparencia departamental, adelantado por Transparencia por Colombia, se advierte que los resultados para Chocó distan mucho de ser ejemplares. Sin embargo, sus niveles de riesgo son tan altos como los de Guainía, La Guajira, Cesar o Putumayo y relativamente mejores que los de Amazonas o Guaviare; considerando además los problemas que puedan justificar la baja visibilidad en la información[3], pues el subregistro de la misma tira hacia abajo los indicadores medidos. Antioquia, contrario a lo que podría suponerse a partir de las palabras del señor Meza, se ubica en nivel medio, lo cual por supuesto es mejor que lo que ocurre en Chocó pero le deja muy por debajo de departamentos como Santander, Caldas o Boyacá que puntean en dicho índice. 

Si se mira el conjunto, la situación nacional se refleja en sus departamentos. De hecho, el informe de Transparencia por Colombia afirma que “Ninguna de las gobernaciones se ubicó en bajo riesgo de corrupción, es decir, ninguna obtuvo puntajes totales superiores a 89.5/100” (Transparencia por Colombia 2010, 1); con lo que se advierte el carácter complejo y extendido del fenómeno en todo el país y no exclusivamente en un departamento como el Chocó.

Tomando exclusivamente los datos de la región Pacífico, Chocó presenta un subregistro en la visibilización de su información contractual y de la sometida a inspección y vigilancia estatal que afecta significativamente la percepción de transparencia. Es preciso afirmar, aún con la falta de datos, que la percepción de transparencia pública en el Chocó es terriblemente deficitaria comparada con sus vecinos regionales:

 Ilustración 1 Fuente: Transparencia por Colombia ITD - 2008-2009

No obstante, si se revisan otros índices, el del Chocó tampoco es el de mayor riesgo. Así por ejemplo, en el Índice de Integridad de los Gobiernos, Asambleas y Contralorías Departamentales, adelantado por el Banco de la República, el Chocó no figura entre los de mayor riesgo:

Ilustración 2: Fuente Presentación OCASA - Transparencia por Colombia

Pese a tal posición variable de acuerdo a lo que midan los indicadores, lo cierto es que la percepción de corrupción en el Chocó afecta significativamente la confianza en la gestión pública. Varios factores influyen en esta situación: El incumplimiento en entrega de información contable[4], las debilidades en la modernización administrativa[5], la ausencia de estrategias de promoción social y la deficiencia en la formación de los funcionarios; tanto como el hecho de no contar con buzones de sugerencias ni una página web en la que se pueda consultar la información auditable. Ello limita las posibilidades para que la ciudadanía haga seguimiento a trámites, procesos contractuales, planes de compra, plazos de ejecución, calidad de las inversiones y seguimiento al papel de las interventorías.

A ello se suman sonados casos de apropiación indebida y malversación de fondos[6], a los juicios de responsabilidad fiscal y los procesos de destitución e inhabilidad de buena parte de sus exalcaldes y exgobernadores; pese a que hoy exista una oficina de responsabilidad fiscal que, según su lema, existe “para recuperar la confianza con un control fiscal oportuno y efectivo” (ver).

Lo paradójico es que, salvando las proporciones, pese a que su riesgo de corrupción sea menor que el del Chocó, Antioquia se ubica en el último lugar en la región occidente en la que se la sitúa; con lo que tampoco resulta suficiente y sí muy generoso el pensar que por estos lares las cosas van bien:

Ilustración 3 Fuente: Transparencia por Colombia ITD - 2008-2009

Si se revisan los resultados entre Antioquia y Chocó y se los compara con el Departamento de mejor desempeño, lo que encontramos entonces es que, si bien la situación del Chocó es calamitosa, los datos de Antioquia no constituyen el mejor referente de transparencia; por lo que falta sentido a la expresión injuriosa más que acertada, del señor Meza:

Es evidente que la corrupción afecta sustancialmente la transparencia en la gestión pública y la confianza en las instituciones del Estado. De igual manera, por tratarse del departamento insignia de la afrodescendencia en Colombia, resulta escandaloso que en el Chocó sean sus propios hijos e hijas los emisarios y gestores del agenciamiento corporativo plutocrático con el que se exhibe con total arrogancia la rapiña que, al llegar a un cargo público o tratar con este pone el erario público en condición de bien transable bajo prácticas de mercado; operando una especie de Ley de Heródes[7]; pigmentada en este caso, en la que hecho al cargo público o te enriqueces o desmereces[8].

Para 2005, cuando empieza a hacerse contundente el descrédito de las instituciones públicas en el departamento, el desglose de las mediciones del ITD se observa así:

Ilustración 5 Fuente: Transparencia por Colombia ITD - 2004-2005

Pese a su importancia, la dependencia de la información oficial o de ley, así como la debilidad en los procesos de observación ciudadana a la gestión no favorecen que el ITD sirva para evidenciar hechos de corrupción ni procesos de apropiación y captura de la función pública en los organismos estatales. Habría que demandar entonces un mayor compromiso de las autoridades públicas en la presentación de la información auditable, de manera que se ajuste la proporción con la que el fenómeno de la corrupción impacta la percepción de transparencia; posibilitando una mejor reacción ciudadana ante el mismo.

No es tan caro el perfume…

Es clarísima la relación entre corrupción y pobreza en el mundo. Tal como se registra si se cruza el índice de Desarrollo Humano alimentado por el PNUD con el Indicador de percepción de la corrupción se evidencia que entre más transparente sea un país, mayores fortalezas tiene para incidir en las afrentas contra el desarrollo Humano. Sin embargo, como con cualquier otra medida, esta regla podría tener excepciones.

En el ámbito local, como lo demuestran las altas tasas de afectación a necesidades básicas insatisfechas, la precariedad en la prestación de servicios educativos y la afectación sustancial a la garantía del derecho a la salud, evidenciando el alto riesgo y la vulnerabilidad manifiesta en la que se encuentra la población del Chocó; a lo que se suma la incidencia del conflicto armado y el masivo destierro de su población.

Así, si se observa la precariedad en las inversiones públicas relacionadas con equipamiento vial, escolarización e instalaciones hospitalarias. El Estado central le debe al Chocó; lo que no se compadece con la afirmación según la cual en el Chocó cualquier inversión es plata perdida. Como demuestra Bonet, “al simplemente asumir que la causa del atraso chocoano son sus altos niveles de corrupción, se está desconociendo la realidad histórica de abandono estatal, de debilidad institucional y de condiciones geográficas y climáticas adversas que han condicionado su desarrollo social y económico. Por su puesto que la corrupción es parte del problema pero no es lo único, ni debe ser excusa para evadir las responsabilidades que cada uno de los niveles de gobierno tiene con los habitantes de este departamento” (Bonet 2007, 56).

Pese a haber intervenido y nombrado a funcionarios de otros departamentos para administrar la salud y la educación del Chocó, el control de la salud y la educación por parte de la nación no contuvo la situación de desprotección en la que se encuentra la población del departamento, presentándose igualmente situaciones aberrantes con testaferros, cobradores y abogados venales a los que poco o nada ha importado el nivel de afectación de sus acciones sobre el reparto de malestar en el departamento, inventándose procesos amañados que contaron con el contubernio de varios jueces.

  

Como se desprende del informe del Observatorio de Discriminación Racial (Rodriguez Garavito, Alfonso Sierra y Cavelier Adarve 2009), el Chocó es el departamento privilegiado por la inacción y precariedad estatal; como quiera que las partidas dirigdas hacia ese departamento no están encaminadas a transformar significativamente las condiciones sociales calamitosas ni a satisfacer con mejores inversiones las necesidades no satisfechas, comparativamente mayores a las del promedio nacional. De hecho, lo que evidencian las cifras es que el Chocó recibe menos de lo que debería. Para 2004, esta era la situación: “las transferencias del SGP al Chocó en 2004 fueron 286.358 millones de pesos. Si tomamos la población del censo de 2005, tendríamos que por cada habitante chocoano se transfirieron 648.757 pesos. Asumiendo un escenario de cero corrupción en el que cada habitante recibe directamente su participación en el SGP que le corresponde, el PIB por habitante del Chocó pasaría de 2.402.278 a 3.051.035, un aumento del 37% con respecto a la situación inicial17. Ahora bien, con relación al promedio nacional, el PIB per cápita pasaría de ser el 42% al 54%. Una mejora importante pero no suficiente para lograr que los chocoanos tengan un producto per cápita al menos similar al del colombiano promedio” (Bonet 2007, 55).

Siguiendo con el ejercicio en el área de la salud, Bonet afirma: “Otro ejercicio se podría hacer con las transferencias del SGP destinadas a salud, uno de lo sectores críticos del departamento. De acuerdo con la información del Departamento Nacional de Planeación, el Chocó recibió 57.862 millones de pesos para ese sector en la vigencia 2005. Teniendo en cuenta que la población atendida es, según el Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó, 243.361 personas, la transferencia por persona atendida es de 237.764 pesos. Si el objetivo es lograr la cobertura total en el departamento, para atender a los 126.987 habitantes pobres que están por fuera del sistema, se deben girar 30.192 millones adicionales; es decir, que las transferencias del SGP deberían ascender a 88.055 millones, un 52% más de lo que se giró en 2005. Lo anterior asumiendo que la infraestructura existente es suficiente para atender al total de la población, lo cual es poco probable y, por lo tanto, se requerirán inversiones adicionales que no se están considerando en este ejercicio”.

Apostarle a hacer las cosa bien

Aunque los recursos por SGP se han incrementado desde 2010 al aplicar nuevos criterios de asignación, la estadística deficitaria resulta igualmente significativa (MDGIF 2012). Por ello, habrá que esperar las primeras valoraciones del plan de desarrollo departamental 2012 – 2015 que identificó como problema central la agudización de la marginalidad, la pobreza y la falta de participación ciudadana en las decisiones públicas, el plan de desarrollo para el Chocó identificó los propósitos de actuación ética, legal y transparente, bajo la administración del hoy todavía suspendido, por ordenar arreglar una escuela en 2005, Luís Gilberto Murillo.

La liquidez del Departamento ha mejorado significativamente, aunque el reto para los liderazgos al frente del Departamento y su capital será ahora sostener indicadores de solvencia que superen la venalidad con la que se han administrado los recursos del Departamento y fomenten prácticas de gobierno sostenidas para la transformación de las condiciones de inequidad que padece la población:

Los propósitos de legalidad, transparencia y acutación ética deberán concretarse en una mayor capacidad de vigilancia y control transparente del gasto público y de los ingresos gubernamentales percibidos del Sistema General de Participaciones, fortalecidos con la entrada en vigencia del Sistema Nacional de Regalías; pues, en la medida en que constituyen los dos principales renglones de los que depende la economía departamental, se convierten igualmente en la fuente de mayor atención por parte de quienes actúan moviendo los hilos de las redes clientelares:

Ilustración 5 Fuente SGR. Distribución de regalías del SGR  proyectada a 2014

El reto para el Gobernador Murillo (quien, ojalá, triunfe en su batalla contra el Consejo de Estado, ahora que la Procuraduría le ha dado la razón)  y la Alcaldesa de Quibdó Zulia Mena no es pequeño. Demostrar que gobernantes afrodescendientes pueden concretar gobiernos transparentes, capaces de mover los problemas reales de sus comunidades es lo que está en juego. Tal vez la definición de pactos de integridad y la declaratoria de actuación legal, ética y transparente no seansuficientes para secar los poderosos tentáculos de las familias plutocráticas y las redes clientelares enquistadas en el Chocó; como tampoco resultarán pasaderas para mover la percepción nacional de que la corrupción campea a desgreño en el Departamento del Chocó; pero resulta fundamental acrecentar iniciativas como estas, en la medida en que fortalecen la capacidad ciudadana de reacción y movilización frente a tales agentes.

Con todo, si bien los datos contribuyen a afirmar que el de la corrupción es un problema sensible en el Chocó; este nada tiene de singular a la hora de reflejar la histórica y grave situación de deterioro del bienestar. Sin embargo, se requiere cortar este mal de raíz, incluso alegando razones étnicas; como quiera que la memoria de los abuelos privilegia la honradez y la dignidad del vivir como pobre sobre el dinero fácil para lo que se recuerda aquel dicho según el cual “lo que por agua llega por agua se va”. En el mismo sentido, habrá que insistir en herramientas de gestión que fomenten el acceso ciudadano a las claves de la contratación pública; la depuración de las dependencias, la formación ética y profesional del funcionariado público, y la promoción de prácticas de transparencia que puedan convertirse igualmente en un factor decisional importante para torcer los rumbos de la delincuencia tras la apropiación de la cosa pública en el departamento.

Trabajos citados

Barón, Juan David. «¿Qué sucedió con las disparidades económicas regionales en Colombia entre 1980 y 2000?» Centro de Estudios Económicos Regionales. Editado por Bando de la República. Septiembre de 2003. http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER38-Disparidades.pdf.

Bonet, Jaime. «¿Por qué es pobre el Chocó?» Documentos de trabajo sobre economía regional Nº 90. Abril de 2007. http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-90.pdf.

Calderón, Fátima Esparza & Vera Xiomara Samudio Reyes. Análisis normativo, jurisprudencial y fáctico de la corrupción en Colombia 1991-2001. disyuntivas y convergencias. Procuraduría General de la Nación, 2003.

Gonzalez Escobar, Luís Fernando. «Sirio-libaneses en el Chocó, cien años de presencia económica y cultural.» Boletín Cultural y Bibliográfico 44, nº 34 (1997): http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti1/bol44/bol44c.htm.

Gonzalez García, Carlos Emilio. «Introducción.» En Aproximación teórica y práctica al estudio e identificación de riesgos de corrupción, de DAFP. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2000.

Gonzalez, Luís Fernando. Quibdó contexto histórico desarrollo urbano y pattrimonio arquitectónico. Universidad Nacional de Colombia, 2003.

Leal León, Claudia. «La compañía Minera Chocó Pacífico y el auge del platino en Colombia, 1897 - 1930.» Revista Historia Crítica. Noviembre de 2009. http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/622/index.php?id=622.

MDGIF. Chocó: la dimensión territorial y el logro de los ODM. Fondo para el logro de los ODM, 2012.

Municipio del Alto Baudó. Unidad de Asistencia técnica Agropecuaria. 2009. http://www.altobaudo-choco.gov.co/apc-aa-files/62376365666234326166623637313465/PLAN_AGROPECUARIO_MUNICIPAL.doc.

Parker, Norma, Gerardo Berthin, Roberto de Michelle, y Yemile Mizrahi . La corrupción en América Latina: Estudio analítico basado en una revisión bibliográfica y entrevistas. America's Accountability Anti-corruption Project, 2004.

Rodriguez Garavito, Cesar, Tatiana Alfonso Sierra, y Isabel Cavelier Adarve. Raza y Derechos Humanos en Colombia. Primer informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana. Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho, CIJUS, Ediciones Uniandes, 2009.

Secretaría de la Función Pública. Transparencia, buen gobierno y combate a al corrupción en la función pública. Secretaría de la Función Pública de México, 2005.

Transparencia Internacional. Libro de Consulta de Transparencia Internacional - Adaptación para Colombia. elementos para fortalecer un Sistema Nacional de Integridad. Transparencia por Colombia, 2000.

Transparencia por Colombia. Índic de Transparencia Departamental, Gobernaciones 2008 - 2009. Transparencia por Colombia, 2010.

Weber, Max. El político y el científico. Alianza, 1979.

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[1] Algunas experiencias evidenciarían lo contrario; pues tanto en la memoria popular reciente como en algunos registros de prensa se hace alusión a las notorias extensiones de ganado propiedad de Simón Martinez en Puerto López, Alto Baudó. La importancia de este hacendado llegó a ser tal que dicho puerto pasó a ser llamado con su apellido. Aunque la tradición oral habla de más de 600 cabezas de ganado que se habrían vuelto “salvajes” al ser abandonadas por el estado mental de su dueño, la UMATA del Alto Baudó menciona que apenas si se cuenta hoy con 190 vacunos (Municipio del Alto Baudó 2009).

[2] Se cuentan algunas historias de haciendas en el Municipio de Tadó. El intento más reciente, de 1927, lo constituye la fundación fracasada del Ingenio Azucarero Sautatá; en lo que hoy es el Parque Nacional de los Katios. De igual manera las experiencias ganaderas en

[3] El informe permite advertir que la visibilidad, entendida como “es la capacidad de la gobernación para hacer visible de manera suficiente, oportuna, clara y adecuada sus políticas, procedimientos y decisiones. Se compone de ocho indicadores” presenta dificultades; pues en el periodo 2008 - 2009

[4] Chocó sólo entregó un informe fiscal en el periodo que Transparencia por Colombia presenta.

[5] Para el periodo comentado, el Chocó no contaba con una Contraloría Departamental, lo que dificulta la precisión de los datos y amplia el riesgo de corrupción por debilidad institucional e invisibilidad de la información. En el mismo informe puede observarse igualmente que un municipio con una alta percepción pública de corrupción como Bello alcanza la más alta valoración del trabajo de su contraloría; y que la Contraloría de Antioquia, en el mismo periodo cuestionado por la administración Fajardo en el llamado Libro Blanco, alcanza una alta valoración. De entrada, mayor información no significa necesariamente menor corrupción, es la conclusión a la que se puede llegar.

[6] Tal como los denunciados por Revista Semana en el caso del abogado Wiston Torres, por ejemplo. O como ocurre en el caso del Clan Montes de Oca (ver 1 y ver 2)  

[7] La Ley de Herodes es una película del mexicano Luís Estrada, en la que su protagonista, hecho al cargo de Alcalde de una remota localidad, aprende rápido a “pactar con los poderes diabólicos que acechan en torno de todo poder” (Weber 1979, 173). Aquí un enlace a la misma.

[8] Comentado así al autor de esta nota por un exfuncionario de la administración de Patrocinio Sánchez Montes de Oca.