Entre el odio y la muerte

A lo largo y ancho del territorio colombiano emergen evidencias de que el racismo es una enfermedad de la que no nos hemos vacunado todavía, como se percibe tras la cotidiana agresión verbal a ciudadanos detenidos por la Policía, los improperios a una reputada investigadora en un almacén de cadena, los grafitis discrimitarorios en algunos centros educativos y universidades del país, las sentencias condenatorias de actos de racialización en la academia, las reiteradas prohibiciones de ingreso a sitios de entretenimiento público o la imposibilidad de acceder a cargos de liderazgo con alta incidencia política; todas estas evidencias de lo naturalizado que se encuentra este flagelo entre nosotros.

Sin embargo, con mayor preocupación, el racismo y la discriminación adquiere tintes de odio étnico cuando se convierte en una amenaza inminente que no solo simboliza la enfermedad sino que pone en riesgo la vida misma y el bienestar, tal como ha ocurrido en el presente mes en el Barrio Popular 1 de Medellín, en el que las amenazas se concretaron en muertes y desplazamiento y, en Cartagena, ciudad que sigue sosteniendo el emblema de la discriminación recalcitrante.

En Medellín, al menos un grupo de cinco familias ha debido salir del barrio, como consecuencia de hechos luctuosos en los que, ante una acción de hostigamiento que les requería concluir una fiesta entre paisanos, uno de sus miembros asesinó a un integrante de un combo aliado a Los Triana, a lo cual siguieron dos hechos de muerte contra estas familias y “la orden” de desalojar inmediatamente pues “no queremos más negros en este barrio”. De hecho, las casas desalojadas se encuentran hoy desvencijadas al haberlas tomado los integrantes de dicho combo, retirándoles puertas y ventanas, empezando su pronta demolición, tal como ha ocurrido en otras ocasiones.

En este mes, en Cartagena igualmente, la profesora Meredith Cummings fue víctima del abuso vejaminoso contra su dignidad por parte de miembros de la Policía Nacional que le bajaron de un taxi y le dejaron apenas si en ropa interior, acusándole sin evidencia de tener drogas y sin soliitarle su pasaporte, siendo ciudadana estadounidense; entre otras, porque uno de los policías que la detuvo ¡no le pareció extranjera por sus facciones!

De igual manera, en el corregimiento de Bayunca en Cartagena, la etnoeducadora Dimas de Ávila Torres resultó amenazada presuntamente por la banda Los Rastrojos, quienes le hicieron llegar un mensaje contundentemente odioso: no queremos negros en este colegio.

Pese a la vigencia de la ley 1482 de 2011 que tipifica como delito las prácticas oprobiosas, el estado colombiano resulta incapaz para garantizar la “protección de los derechos de una  persona,  grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación”. 

La afectación de derechos, el hostigamiento y la naturalización de actos discriminatorios y de racismo deberían ser fuertemente sancionados por la sociedad y por las instituciones públicas. El costo social de no hacerlo es alto e inclina negativamente la balanza hacia condiciones de indignidad y malestar, sosteniendo injusticias que debilitan las posibilidades de hacerse una vida para sí mismos para individuos y para grupos humanos.

Para ello, una iniciativa imperiosa en este sentido, debería convocar al movimiento étnico afrodescendiente a articular un colectivo de juristas expertos en la defensa y promoción de derechos humanos diferenciados que contribuya a recabar las denuncias e instalar prontamente las actuaciones a que haya lugar ante las autoridades pertinentes; cuya vsibilidad reslte de tal tamaño que todas y todos los afectados se sientan convocados, con insistencia, a fomentar la denuncia pública y las acciones legales y disciplinarias que resulten necesarias para avanzar, cada día un poco más contra las prácticas que sitúan el odio y la muerte en la ruta del racismo nuestro década día.