Sin casa ni integración

 "Es una casa tan grande la ausencia

Que pasarás en ella a través de los muros

Y colgarás los cuadros en el aire".

Pablo Neruda

Por la gestión de varios años, adelantada por un grupo significativo de organizaciones y liderazgos, se formalizó el 22 de mayo de 2008 la Casa de Integración Afrodescendiente en Medellín; un espacio destinado a la difusión y acogida de las diferentes expresiones educativas, sociales, académicas y culturales con las que se recrea la identidad urbana de la población afrodescendiente en la ciudad. Dicho espacio se encuentra hoy cerrado, mientras se construye lo que hasta ahora podría llamarse Centro Cultural Afrodescendiente, desplazando hacia una casa de alquiler las actividades que se venían concentrando en ese escenario de ciudad. Sin embargo, esta es la hora en que, avanzado el año, ni la construcción del centro parece avanzar hacia su entrega definitiva ni la casa alquilada parece servir a su propósito, cerrada como se encuentra, a la espera de reubicación en el Barrio San Javier. Mientras tanto, preocupa y desespera el silencio de las comunidades, organizaciones y liderazgos que parecen adormecidos y sin mayor incidencia en la ciudad.

Tal como dice la administración municipal en la presentación del proyecto “Casa es sinónimo de un lugar en el cual todos y todas tenemos nuestro espacio, y más allá de la edificación, son las personas las que le dan valor a este lugar y recobra sentido, en la medida en que el habitarla permite su apropiación” (ver). Pese a ello, el cierre indefinido de este espacio en el que un conjunto de grupos y colectivos han venido adelantando sus actividades, a falta de una sede propia o de condiciones logísticas para hacerlo en otros espacios, no solo los pone en riesgo sino que da al traste con tal propósito de apropiación y cohabitación.

De hecho, al indagar mediante derechos de petición ante el interventor por el futuro del proyecto,  la Veeduría Ciudadana del histórico Barrio Prado Centro, liderada por María Caridad Grisales, ha recibido respuestas ambiguas, indicativas de que este proyecto podría correr el riesgo de convertirse en un elefante blanco al no haber sido previstos los recursos suficientes para su terminación, dotación y funcionamiento; como quiera que este proyecto presenta ya un retraso superior a un año sin que se sepa su verdadero estado al momento.

Ante las inquietudes de los grupos y organizaciones querientes del proyecto, en una reunión adelantada un par de meses atrás, Carlos Guisao, funcionario de la Secretaría de Cultura Ciudadana manifestó que la alternativa contemplada por esa dependencia consistía en que los grupos utilizaran diferentes espacios de la ciudad hasta que entregaran el edificio, lo cual generó el evidente rechazo de las organizaciones académicas, artísticas y culturales beneficiarias del proyecto.

Al momento, lo que se afirma es que una edificación de varios pisos adquirida por la administración en el Barrio San Javier sería adecuada “temporalmente” para que allí funcione este espacio de encuentro, sin que resulte suficientemente claro de dónde provendrían los recursos para el funcionamiento de la misma, considerando el precario recurso con el que cuenta la hasta ahora invisible Dirección de Etnias; la cual, como ya he mencionado, constituye una instancia difusa, altamente dependiente y sin capacidad decisional en la abigarrada estructura burocrática instalada en Medellín, en la que increíblemente figuran vinculados hoy dos de los ocho contratistas o prestadores de servicios proyectados.

A este desbarajuste se suma el hecho de que la actual administración viene implementando iniciativas orientadas a grupos poblacionales y étnicos sin la directa participación de organizaciones expertas o tematizadas en dichos asuntos; al parecer obedeciendo a indicaciones que responden a prácticas burocráticas y clientelares asociadas a la típica concesión de proyectos con aliados electorales. Habrá que ver si en la operación de los proyectos de la Dirección de etnias se impone finalmente ese criterio o, en aras de respetar la agenda mínima de inclusión afrodescendiente presentada y defendida ante el Consejo Territorial de Planeación y en el Concejo Municipal por un notorio grupo de organizaciones y liderazgos en la ciudad, se avanza en la consolidación de una política pública coherente y a la coordinación de acciones estratégicamente orientadas a atender las necesidades de los y las más de 236.000 afrodescendientes nacidos, crecidos o avenidos a Medellín, mejorando sus reales condiciones de vida.

En este proceso, lo que asusta realmente es la poca capacidad movilizatoria evidenciada por el conjunto de liderazgos y organizaciones afrodescendientes en la ciudad; como quiera que, pese a la gravedad del asunto de la parálisis en el proyecto del centro cultural y en la gestación de una dirección de etnias que, casi dos meses después de creada no ha producido una sola acción de concertación pública, hasta el momento no se ha promovido una sola actividad de incidencia tendiente a mover la pasividad de la administración central o a que haga manifiestas sus intenciones e intereses con relación a las acciones institucionales diseñadas para tratar los asuntos y problemas de este grupo étnico en Medellín.

Aquellos liderazgos que otrora activaron en la ciudad dispositivos movilizatorios que con insistencia requirieron a la administración pública para que actuara decididamente en favor de las y los afrodescendientes parecen hoy adormilados, extraviados, ausentes y poco enérgicos; a lo que se suma hoy no sólo el oportunismo y la voracidad de los cazadores de proyectos sino además la aparente indiferencia de las comunidades, ocupadas como se encuentran en sobrevivir y enfrentar dificultades que en algunos casos ponen en riesgo la propia vida ante la actuación de actores regulares y desregulados tanto en barrios cohesionados como en nuevos asentamientos. 

Tal inacción de las comunidades, organizaciones y liderazgos no sólo frente a la pasividad de la presente administración sino además en los asuntos políticos de importancia nacional que hoy se debaten y le deberían atañer lleva a cuestionar la existencia de un verdadero movimiento étnico entre los descendientes de africanos en la ciudad; como quiera que tal actitud contribuye a alimentar el imaginario mendicante, dependiente y oportunista con el que actúan ciertos liderazgos que se abrogan el derecho de hablar en su nombre.

Si bien es cierto que la sociedad civil no tiene por qué reemplazar al Estado ni asumir sus responsabilidades, lo que queda claro es que no puede esperarse que sea el estado o sus organismos los que finalmente actúen ahí donde se requiere comunidades activas, organizaciones movilizadas y colectivos con liderazgos propositivos, capaces de producir una interlocución respetuosa de la administración pública pero implacable en la defensa de las garantías necesarias para la preservación de derechos constitucionales de los pueblos étnicos, especialmente el afrodescendiente.

Decididamente, si es que las y los afrodescendientes aspiramos a persistir, resistir y reexistir como pueblo en una ciudad en la que permanecen instaladas prácticas de evitación y ocultamiento de las problemáticas asociadas a nuestra vida, presencia y existencia, tendremos que apostarle a algo más que estar ahí para ser contados, asumiendo posiciones que impliquen un mayor despliegue político y una insistente actuación pública; por cierto, no sólo en Medellín sino en todo el Valle de Aburrá.