No sólo por las discusiones frente al peso de la
representación sino además por la significación de la misma en momentos en los
que, suspendido el parcializado proceso de legitimación de la Consultiva
Nacional, se prioriza la interlocución individualista con el gobierno antes que la activación
y movilización de los núcleos societales con los que finalmente debería
adelantarse un amplio proceso de consulta, elección y legitimación de vocerías
y representaciones.
En lugar de ello, algunos optan por enviar listados de firmas que
los ratifiquen en espacios en los que siempre han estado, otros por hacer circular entre sus aliados líneas de acción tan
reiteradamente viejas que no producen el menor entusiasmo. Las nuevas figuras
de la representación étnica local se debaten entre esperar ser convocados y
animarse unos a otros para ver quien convoca. Las organizaciones estudiantiles se
mueven en torno al debate por la educación superior sin que se atrevan a entender su papel como activadores de
transformaciones en otros ámbitos, permaneciendo todavía al margen de asuntos con superlativa
trascendencia. Prisioneros de viejos hábitos, algunos permanecen alertas a los
procesos contractuales con los que han logrado sostenerse hasta ahora. Redes
con cierta tradición y diálogo con órganos nacionales se desperezan y empiezan
a reunirse, aun sin darse cuenta de la gigantesca transformación que se avecina
y los más, comunidades, organizaciones e incluso liderazgos, dialogan, escriben y
preguntan sin alertar todavía frente a lo que está pasando. En suma, un panorama bastante
desalentador que evidencia la miope, corta y ligera visión que en la ciudad y
el Valle de Aburrá aun tienen los procesos organizativos y los espacios de representación.
Seguramente habrá quien permanece consciente ante
las reformas que se avecinan, advirtiendo las implicaciones que tendrán para el
pueblo afrodescendiente en Colombia la naciente discusión y posterior entrada
en vigencia de la ley estatutaria de consulta previa, la ley estatutaria de
desarrollo rural y urbano y la pendiente revisión de constitucionalidad de la
ley estatutaria de participación ciudadana; entre otros.
Tal como evidencia la reacción de El Tiempo[1], son muchos quienes a viva voz alegan que la consulta previa a afrodescendientes e
indígenas tiene paralizado el desarrollo del país (Ver). Dado el compromiso de las Cortes con el
expreso cumplimiento y exigibilidad de esta medida garantista, fuertes grupos
económicos con marcados intereses, académicos afectos al mundo empresarial y al
mercado e incluso despistadas voces cuestionadas por liderazgos étnicos, dejan
ver sus intenciones porque, vía congreso, se limite la capacidad de los pueblos
étnicos en el país para impedir, frenar y pactar proyectos, grandes y pequeños,
que afectan su sostenibilidad e integridad, so pretexto de que la consulta no
deja funcionar a las instituciones gubernamentales.
En consecuencia, si se le
cree al parcializado periodista de El Tiempo, habría incluso una estrategia del
ejecutivo para escamotear lo que no puede obviar: “la iniciativa legislativa
del Gobierno va con pausa para evitar la consulta”; lo que no sólo pone al país
contra este instrumento sino que fortalece el imaginario de que, por mecanismos
de protección como este, afrodescendientes e indígenas permanecen de espaldas
al desarrollo.
Pese al impacto de semejante afrenta, los liderazgos de
Medellín ni siquiera parecen inmutarse; descuidando el hecho significativo de
que la actual coyuntura requiere mayor intervención y movilización para
defender la consulta y reclamarla también para quienes en las ciudades
palidecen ante el peso oprobioso del desconocimiento como pueblo o grupo étnico.
Igual cosa ocurre con el proyecto de ley estatutaria de
tierras y desarrollo rural, ante las 30 millones de hectáreas que
constituyen el territorio ancestral defendido y disputado bajo garantías
constitucionales especiales (26 en nombre de comunidades indígenas). Siendo casi la cuarta parte del territorio nacional la que constituye el territorio propio, lo que está en juego con el proyecto de ley pone de
presente la vulnerabilidad de las comunidades afrodescendientes e indígenas y
la importancia de avanzar en una comprensión garantista del desarrollo rural
que impida su extinción, desarraigo y destierro.
Sumada a las serias modificaciones que deben hacerse al
código minero haciendo exigible al gobierno y al empresariado asociado a la
extracción no sólo procesos de consulta sino acciones de protección, mitigación
y preservación social y ambiental, la propuesta estatutaria para ordenar el
territorio agrario en Colombia afectará sustancialmente al pueblo
afrodescendiente, como quiera que este constituye uno de los principales
factores de desplazamiento, desterritorialización y muerte padecidos por
nuestras comunidades.
Empero la trascendencia de semejante proyecto, que reclama activar los necesarios respaldos a los Consejos Comunitarios y a las comunidades rurales que serán afectadas en el Departamento y en el país, la capacidad para producir dispositivos movilizatorios en manos de los liderazgos afrodescendientes en Medellín de nuevo parece silenciada y
obsecuentemente desentendida, pese a que aquí tienen asiento varias de las
organizaciones que afirman agrupar amplios sectores y comunidades de víctimas
que, claramente, deberían estar siendo convocados autónomamente, antes que por
proyectos financiados por el Estado.
Finalmente, pendiente de revisión constitucional, la ley
estatutaria de participación ciudadana constituirá un hito en los procesos de
actuación ciudadana en defensa y garantía de sus derechos, toda vez que la
iniciativa contempla instrumentos de interacción entre el gobernante y las ciudadanías
que fortalecen la posibilidad de revocatoria, hacen exigible la rendición de
cuentas, fomentan el control social a las actuaciones gubernamentales y
promueven una institucionalidad robusta que, de funcionar, podría alentar una
mayor incidencia en los asuntos de interés público.
De manera específica, se requiere la entrada en vigencia del
nuevo estatuto de la participación para que provea a la ciudadanía de herramientas
con las cuales ganar mayor preponderancia a la hora de implementar políticas
públicas que, al igual que las diferenciadas, contribuyan al fortalecimiento
del desarrollo local, ampliando el ámbito de la exigibilidad incluso con la obligatoria
financiación de procesos de consulta al grueso de la ciudadanía y a los pueblos
étnicos.
Sin embargo, nuevamente, resulta lamentable que ante semejante
posibilidad los procesos organizativos en ciudades como Medellín reflejen el
sello de la fragmentación, dispersión y la atomización al no contar con
espacios de convergencia ni instrumentos asociativos que aúnen los cientos de
voces que se abrogan la vocería del pueblo afrodescendiente en esta ciudad.
Pasmosamente quietos, los liderazgos en la ciudad evidencian ausencia de ruta, mientras las comunidades reciben apenas las migajas que
dadivosamente le arañan a una administración municipal incapaz de implementar
la agenda mínima afrodescendiente convenida con un amplio conjunto de
organizaciones, colectivos e individuos durante el proceso participativo del
plan de desarrollo.
Pese a contar en años anteriores con iniciativas de
articulación innovadoras como la que intentó ser Afromedellín y, más
recientemente, El Comité Unitario Afrodescendiente, el actual estado de los
procesos de concertación es, indiscutiblemente, un desastre, animado incluso por el Estado; como lo reconoce
un perseverante líder local: “aparte de la dificultad de coordinarnos, que no
ha sido el único obstáculo, hemos tenido el obstáculo de que las
administraciones municipales y departamentales han incidido en tener una total
descoordinación. Es decir, en vez de apoyar estos procesos, los han combatido y
no han permitido que se consoliden”[2].
Vacilantes en la vida política local y sin peso en los espacios de decisión pública, incluso quienes personificamos representaciones del
pueblo afrodescendiente en la ciudad[3] nos vemos como usurpadores impotentes ante la inexistencia
de tales instancias de coordinación y articulación de iniciativas, precisamente
en momentos en los que se requiere convocar masivamente a las comunidades para
que ganen protagonismo en el debate por los grandes temas que se están
discutiendo.
El alto número de organizaciones y colectivos existentes en
la ciudad deberían significar agitación y movimiento; sin embargo, son las
quietas aguas de la inacción las que parecen caracterizarnos, mientras los de
siempre, unos agazapados y sigilosos y otros tercamente sordos, se abrogan
vocerías nacionales sin el respaldo de quienes deberían estar siendo convocados; sometidos así a otra forma de ofensa de proporciones incalculables.
Ojalá no sea tarde todavía para que, en esta ciudad y en el
Valle de Aburrá, tengamos por fin una oportunidad de evidenciar nuestra valía, contribuyendo a amplificar la voz de nuestra gente en la convocatoria a sus liderazgos; no sea que nos quedemos por fuera de los grandes procesos históricos, como también ha ocurrido en el pasado.
[1]
La nota del periodista Daniel
Valero, el 9 de febrero del presente año (Ver), parecer más un editorial telegrafiado por el
gobierno Santos que una noticia con pretensiones informativas; tal como ya
había hecho de modo ramplón y prejuicioso el mismo periodista el 26 de febrero
de 2012 (Ver). El lenguaje utilizado por el comunicador y
las afirmaciones de terceros que hace suyas al evitar las comillas dan cuenta
del marcado interés de dicha publicación por meterle mano a la noticia, incluso
seleccionando a quienes cita en nombre de afrodescendientes e indígenas y
amañando al descaro sus opiniones al vincular unas con otras de manera
artificiosa como puede leerse.
[2]
Entrevista realizada por Piero Rivas Maldonado para su trabajo de grado como
politólogo “Participación política afrodescendiente
en Medellín”. UdeA, 2012, del cual fui asesor.
[3] En mi caso, al ser representante de las y los afrodescendientes en el Consejo Territorial de Planeación de Medellín.
los Consultivos de la Consultiva que ceso en 2011, dejaron esto vuelto nada.
ResponderEliminarEn la andanada de este semana que acaba d epasar...no salen a poner la cara..no tienen ningna responsabilidad politca.
para resolver el lio d ela interlocucion habra un Congreso en abril...es lo mismo de la asamblea, pero con otro nombre. El desafio es reiventarse el movimeinto desde lo colectivo y otras reglas de juego.
kl
Bastante cierto, Carlos. Parte de nuestra tragicomedia contemporánea consiste en vernos prisioneros de viejos hábitos cuyas cadenas pareen por momentos más durables y terribles que las que produjeron la penuria de nuestros abuelos, precisamente porque estas son nuestra decisión.
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