El jaleo del oprimido

¿A dónde quieren llevar al negro? 

miren que el negro se está cansando 

que todo el mundo le va jalando 

como si fuera él un maniquí 

Ñico Saquito

Para mucha gente la escuela; básica, media o superior, debería entenderse como un receptáculo de las políticas hegemónicas instaladas como válidas por una élite ilustrada que, como clase, impone con relativo éxito su particular mentalidad respecto del Estado y sus funciones a las diferentes fuerzas sociales. En ese modelo, la escuela se convierte en un ejercicio de dictado magnificado por el impacto que tiene la escolaridad puesta al servicio de la empresa y de las faenas laboriosas en el modelo de economía en el que las fuerzas productivas cumplen la misión de dar valor al capital y operan en torno a su entronización. 

Para quienes así opinan, la escuela debe resultar no sólo útil, sino además lucrativa. 

Por lo contrario, para quienes perseveran (perseveramos) en una actitud que entiende la educación y la escuela como campos de combate entre procesos hegemónicos y alternativas emancipatorias; la escuela es un bien inútil, no es una mercancía, y la educación es un derecho antes que un servicio, cuyo valor no está relacionado con la capitalización del mundo sino con su necesaria humanización. 

Para quienes así pensamos, el reclamo por lo público en el escenario escolar controvierte abierta y decididamente la actuación tecnocrática de quienes calculadamente convierten cada acto educativo en un eslabón más hacia una sociedad en la que a los muchos la ocupación y no el trabajo, la precarización y no el bienestar, la desregulación y no la seguridad social, la utilidad y no la felicidad se les convierten en una herencia que rebaja sus posibilidades sociales a la sola formación para el empleo; mientras tal diseño inteligente asigna igualmente valores de clase a una concepción paralela de la escuela, privada y de elite, para la que educarse es, también, acumular capital. 

Para situar su concepción de la escuela y de la educación, las actuales autoridades públicas, interpretes de los dictados de élite, afianzan y fortalecen el pensamiento único y la racionalidad instrumental a partir de las cuales el diálogo y la negociación se instalan como los únicos instrumentos válidos para escuchar a la contra parte. Escuchar no es sinónimo de concertar, acordar o convenir; y por ello el diálogo suele convertirse en un procedimiento sordo en el que la voz del otro, de quien reclama, protesta y se moviliza frente a las fuerzas sistémicas, es desoída y no suele ser respetada, a consecuencia de la desproporción de quien se sitúa en el pedestal de la victoria o, lo que es igual, en el puesto de mando convertido en una cómoda torre de control. 

En esas circunstancias, la protesta se convierte en una alternativa disponible para quienes, juiciosamente, han insistido en construir canales comunicativos parsimoniosos y discursivos; para quienes han asistido a los espacios diseñados para el entendimiento, sin que sus argumentos logren transformar las prácticas y convenciones de su oponente. Si la protesta debe o no estar acompañada de acciones belicosas obedece más a las consideraciones respecto de los medios considerados determinantes para la acción sin que ello atente contra la acción misma de lucha y protesta. Por ello se puede estar de acuerdo con la movilización sin que se termine por aceptar que las salidas disponibles pueden ser igualmente pendencieras. Sin embargo, con mayor certidumbre, podría pensarse que el que las autoridades públicas cuenten a su disposición con (y activen como lo hacen) efectivos policiales, sistemas de inteligencia y ordenadores de represión, evidencia que la posibilidad de tales manifestaciones ha sido calculada y anticipada; constituyendo ello mismo un acto oficial de incitación. 

Hoy, nuevamente, la universidad pública está de jaleo, resultando previsible que en las próximas semanas aumente el volumen de sus manifestaciones. Hoy, nuevamente, se acusa de infiltrados de grupos armados a quienes, bajo una capucha, ocultan su rostro para quien tiene el poder de eliminarlos o desaparecerlos. Hoy, nuevamente, se acusa de terroristas y criminales a quienes protestan por la disminución real del presupuesto y de los recursos para el cumplimiento de sus funciones, por el carácter funcional de la inversión privada, por el incremento de los sistemas panópticos, vigilancia y control, por las nuevas mediciones de tarifas y costeo de las matrículas, por la grave lesión a la autonomía universitaria… 

En la educación básica y media, también se espera jaleo en los próximos días, al presentar el pliego de peticiones del magisterio colombiano, en defensa de la educación pública y en rechazo de la privatización, la plantelización y la precarización de la profesión docente. ¿Será, entonces, se acusará igualmente de terrorista a los maestros? Los trabajadores afiliados a la CUT han expresado solidaridad y apoyo a los maestros. ¿Entonces también serán tildados de infiltrados? Estudiantes, padres, madres y ciudadanos solidarios se vincularán seguramente a estas marchas y movilizaciones. ¿Serán tildados de delincuentes entonces? 

La recurrencia al jaleo del oprimido evidencia que no basta la existencia de canales comunicativos si no sirven para producir acuerdos o si el único acuerdo posible es el que conviene al más fuerte. La escuela que construimos, básica, media y superior, habrá de sospechar que la historia escrita, dictada y servida por el cazador se traza, invariablemente, con la sangre de su presa.