La noche imprimió su manto sobre mi epidermis. Aún blanquean los huesos de mis antepasados en las bóvedas de Cartagena, por darle la libertad a muchos blancos de conciencia negra.
Luís Antonio Robles
Al respecto, además de advertir que los pueblos no son leyes, habría que considerar las condiciones históricas que limitaron la participación de liderazgos reconocidos como afrodescendientes en las organizaciones y corporaciones públicas; al tiempo que incidieron en la configuración fragmentaria del electorado afrodescendiente en un país como Colombia que, al gestar su proyecto nacional, incluyó cuantitativamente a los antiguos esclavizados y sus descendientes a condición de liquidar en la comprensión de la nacionalidad la vinculación simbólica e identitaria con África y asignando la imagoloquía[1] del desposeído para los nuevos ciudadanos cuya individualidad, territorialidad y colectividad estaría marcada en adelante por el estigma de la esclavización y el folclorismo: No por azar pobreza, marginalidad y déficit de atención pública se concentran fundamentalmente en las poblaciones y regiones con población mayoritaria afrodescendiente, excluidos como lo han estado de los beneficios de la asociación política nacional, gestando barreras muy visibles que contienen el acceso a “la igualdad de oportunidades que mejoren las condiciones de vida”[2].
En la construcción legal, parecería que a la esclavización sobrevino, simple y llanamente, un estadio existencial posesclavista, periodo en el cual “con las consideraciones formales de ‘igualdad jurídica’ para las ciudades del siglo XIX desaparecieron aquellas referencias en los documentos por lo cual resulta especialmente complejo diferenciar el grupo negro de los demás que conforman la sociedad”[3] . Tal lectura da cuenta del tratamiento nugatorio con el que la sociedad nacional dibujo – desdibujó la presencia afrodescendiente en Colombia, país en el que la promoción de la estancia acrítica y el silenciamiento público de las etnias no logra, sin embargo, atomizarlas. Por ello, si se considera que desde 1851 los avances legislativos con referencias a la población afrocolombiana resultan prácticamente inexistentes, a excepción del reconocimiento legal de acuerdos y pactos internacionales[4], la incorporación de la diversidad étnica al contexto constitucional colombiano y la articulación de legislación específica que ha representado la ley 70 de 1993, así como la ley 649 de 2001 se constituyen en hitos emblemáticos de las conquistas del movimiento político afrocolombiano en construcción; más allá incluso del manido reconocimiento formal del país como pluriétnico y multicultural .
Pese a que han figurado en momentos diferentes de la política nacional personas de la talla de Luís Antonio Robles (fallecido el último año del siglo XIX), Diego Luís Córdoba, Manuel Zapata Olivella, el infatigable Juan de Dios Córdoba o la persistente Piedad Córdoba, entre otros y otras que suman su nombre y sus acciones y su participación en partidos y movimientos tradicionales y en la representación étnica por circunscripción especial; pareciera que en el discurso del republicanismo sus voces y los espacios conquistados aun resultan insuficientes y minúsculos comparados con los retos de articular nuestra nación como un escenario político diverso y en reclamo de interculturalidad.
Si bien esta situación no es exclusiva de Colombia, resulta claro que la vocación de poder de las organizaciones y liderazgos del pueblo Afrodescendiente no termina de consolidarse en un país con un precario marco de acción institucional favorable al reconocimiento étnico. Así, tal como afirma la economista y política afrodescendiente Epsy Campbell, de Costa Rica, “Si bien es claro que el derecho a elegir, en la mayoría de los casos se ha logrado; el derecho a tener espacios de poder reales, que garanticen una verdadera representación, debe ser profundizado con una participación activa en pie de equidad de los y las ciudadanas, sin distingo de raza, clase y sexo”[5].
Cuando se revisa la literatura especializada; pareciera que en Colombia los afrodescendientes empezaron a existir políticamente a partir de la Constitución de 1991 por la que se hace un reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país, gestando condiciones de representación política de las etnias como minorías con participación en el Senado para las comunidades indígenas y en la Cámara de Representantes para el grupo étnico afrodescendiente, instalando tal representación en el conjunto de la circunscripción electoral especial, de la cual hacen parte igualmente los colombianos en el extranjero y la fracción de partidos minoritarios.
Resulta claro, sin embargo, que antes de la legalización de dicho espacio de representación, la vinculación de los liderazgos comunitarios a las organizaciones políticas y movimientos sociales de origen campesino y sindical no sólo constituyen evidencias de la vinculación Afrodescendiente a la marcha política nacional sino igualmente rutas que develan los procesos organizativos de las comunidades y sus liderazgos en episodios históricos como el de la defensa del territorio contra una empresa extranjera extractora de oro en la región del Tapaje, temprano en los años 30, así como las movilizaciones étnicas ocurridas en las décadas que anteceden al nuevo proceso constitucional colombiano, asociados a sonados e importantes paros cívicos de impacto nacional marcados en buena medida por la gestación de la Alianza Nacional Popular, ANAPO y la presencia organizativa de los denominados Curas de Golconda, liderados con el obispo de Buenaventura, Gerardo Valencia Cano[6]; así como acciones de reivindicación y movilización por el derecho a la tierra[7], de contenido laboral y la organización sindical, enarbolando en buena medida la bandera socialista al interior del partido liberal colombiano. En este periplo, los círculos de estudios se convertirán igualmente en la puerta de maduración de una intelectualidad Afrodescendiente con formación universitaria y participación en los debates políticos nacionales, aunque no se gestarán de manera inmediata organizaciones políticas de contenido étnico diferenciadas de las de los partidos tradicionales o del partido comunista.
No obstante, para la década del 90, la gestación de la circunscripción especial nos permite preguntarnos por la constitución de un sujeto político afrocolombiano, sus características y los retos que presenta la relación etnia y poder político para los afrodescendientes en el país, considerando que, si bien el nuevo escenario constitucional y legal resulta señero a la hora de proveer de visibilidad legal y redefinir las relaciones las y los afrodescendientes, sus organizaciones y el Estado, tal escenario no subsume enteramente en lo organizacional la globalidad de los asuntos étnicos, su simbolización y su distinción con relación a los espacios institucionales[8]. En últimas, la pregunta es si por fuera de la constitución y la ley existen comunidades afrodescendientes o un grupo étnico afrocolombiano.
Mientras para Manuel Zapata Olivella, la proliferación de listas por estos dos escaños en la Cámara de Representantes evidencia el sentido político[9] imperante en las comunidades afrodescendientes, para el politólogo Fernando Giraldo tal manifestación evidencia la dispersión por la que “la población negra aun no ha logrado ser representativa en los diferentes ámbitos del estado colombiano”[10], al punto que una de las líderes de la CNOA, Conferencia Nacional de Organziaciones Afrocolombianas, afirma que “el movimiento social afrocolombiano no está en condiciones de igualdad con los distintos grupos sociales que se movilizan para solicitar la intervención del Estado. Tampoco cuenta con partidos políticos, gremios o grupos de presión que sean verdaderos mediadores políticos para filtrar, codificar y agregar demandas de sus ‘bases’. Para camalizarlas hacia el sistema político bajo la forma de un ‘programa’ o un pliego de peticiones, le toca apelar en primer lugar a los mediadores sociales, representantes particulares que, por su posición estratégica o por su aura personal, disponen de una legitimidad importante”[11].
Sumado al asunto de la representatividad se encuentra igualmente en de la proporcionalidad: La participación política afrodescendiente se enfrenta al hecho de que el lenguaje jurídico homologa al grupo étnico afrodescendiente como una minoría. Aparte de los problemas conceptuales que implica situar en coordenadas culturales una categoría electoral, resulta claro que el desconocimiento respecto de cuántos somos las y los afrodescendientes en Colombia coincide con una práctica política que insiste en aminorar la representación real de esta población.
Así, tomando solamente la cifra oficial del censo de 2005, si se tiene en cuenta que la proporción de la población reconocida como indígena frente a quienes se autorreconocen como afrodescendientes, afrocolombianos o incluso ‘negros’, no queda claro por qué se asegura una mayor representación, en ambas cámaras además para los primeros; con lo cual queda de presente tanto la práctica histórica invisibilizatoria de las comunidades afrodescendientes tanto como la debilidad en la denominación del sujeto político afrocolombiano, tal como lo describe Eliana Duarte, de cuyo trabajo advertimos la tensión semántica y conceptual entre la ley 70 de 1993 y la ley 649 de 2001 que evidencia los dilemas en la “institucionalización de una representación y participación política discursivamente diferenciada que permite dilucidar el cómo de la vinculación entre lo cultural y lo político en Colombia, constituyéndose en un artefacto que institucionalzia una acción colectiva y crea una conciencia social respecto a lo afro como fundamento de un ser, de un actor político, que si bien no es determinado desde la formalidad del mecanismo de participación, se hace indeterminable en el ámbito de los usos prácticos de la política”[12].
Además, habría que considerar el hecho de que la legislación electoral en Colombia no garantice a nivel local y departamental ninguna representación específica para las poblaciones de adscripción étnica, con lo que en dicho ámbito las organizaciones y movimientos políticos afrodescendientes tienen que batirse en contra o asimilarse en los partidos y organizaciones políticas con músculo y maquinaria para producir figuras electas.
finalmente, al revisar el impacto de las curules étnicas afrodescendientes, podría pensarse que la circunscripción especial ha constituido una superposición al modelo electoral estructurante de la política colombiana, que no ha logrado desdibujar la dinámica partidocrática y clientelar vinculada a la participación electoral en el país. De hecho, podría hablarse por ello de la inexistencia de un voto étnico Afrodescendiente en Colombia. Sin embargo, la existencia de tales curules se convierte en una ventana para la posibilidad de transformar la invisibilización en movimiento y actuación pública, pese a lo complejo que pueda resultar tal escenario para las y los afrodescendientes y sus organizaciones que tendrán que empezar a considerar este espacio de representación política más allá de la debilidad organizativa y la miopía histórica tras la falta de una plataforma actuacional sólidamente soportada en la construcción étnica identitaria.
En el proceso electoral que se avecina, será importante entonces observar con mayor detenimiento si veinte años de la nueva constitución han significado para las y los afrodescendientes la conquista de una voz política capaz de significar y representar sus reclamos de igualdad política y diferencia étnica en Colombia y cuál es el peso que representa la pertenencia étnica en las urnas.
[1] Véase mi escrito “IMAGOLOQUÍA: ¿Qué lugar ocupa la imagen en la producción del discurso político?” disponible en el blog cuestionespedagogicas.blogspot.com
[2] Visibles; contrario a las barreras invisibles, de las que habla el Compes 3660 de mayo 10 de 2010; descritas en dicho documento como aquellas “que obstaculizan la igualdad de oportunidades, y el aprovechamiento de capacidades y potencialidades para disfrutar de los beneficios del desarrollo humano sostenible” (p. 8); “que impiden el avance de dicha población, en particular de las mujeres y de los niños, en el campo económico y social.” (p. 26); “10 barreras invisibles que se considera limitan el avance en el desarrollo de dicha población y para las cuales se presentan recomendaciones a cada una de ellas y se sugiere que sean presentadas ante el Consejo de Ministros” (p. 27). Tales barreras serían: (1.) Racismo y discriminación racial, (2.) Baja participación y representación de la población afrodescendiente en espacios políticos e institucionales de decisión, (3.) Mayores dificultades para el acceso, permanencia, y calidad en el ciclo educativo, que limita el acceso a empleos de calidad, el emprendimiento, dificultando la superación de la pobreza. (4.) Escaso reconocimiento y valoración a la diversidad étnica y cultural como uno de los factores que definen la identidad nacional (5.) Desigualdad en el acceso al mercado laboral y vinculación a trabajos de baja calidad (empleos no calificados, bajos salarios y escasa vinculación a la seguridad social) (6.) Baja disponibilidad de información sobre población afro, que limita la cuantificación y focalización de beneficiarios, así como, la definición de política pública ajustada a las particularidades étnicas y territoriales (7.) Débil capacidad institucional de los procesos organizativos de la población afrocolombiana. (8.) Deficiencias en materia de seguridad jurídica de los derechos de propiedad de los territorios colectivos (9.) Acceso limitado a programas de subsidio (10.) Políticas públicas que no recogen las iniciativas y propuestas que surgen de la población Afrocolombiana.
[3] Victor ALVAREZ MORALES. “Fuentes documentales para el estudio del negro en la región antioqueña”. El negro en la historia de Colombia. Primer simposio sobre bibliografía del negro en Colombia. Fondo Interamericano de Publicaciones de la Cultura Negra de la Américas, 1983, p. 22
[4] Al respecto, Fernando Giraldo García y John Antón Sanchez, en las obras ya referenciadas, hacen sendas revisiones al marco legal que implementa los pactos y convenios internacionales así como el desarrollo legislativo reciente respecto de la incorporación de derechos de ciudadanía diferenciada para el grupo étnico afrodescendiente en Colombia.
[5] Epsy CAMPBELL. “Liderazgo y participación política para las mujeres afrodescendientes”. Conferencia women in the Americas : Paths to Political Power. Diálogo Interamericano – BID, 28 de marzo de 2007, p. 2-3
[6] Al respecto véase Oscar ALMARIO. "TRadición oral e historia oficial en la formación de la identidad de los grupos negros del Pacífico Sur colombianoEn 150 años de la abolición de la esclavización en Colombia. Desde la marginalidad a la construcción de la nación, de VI Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado, Ministerio de Cultura - Aguilar, 2003, p. 145-146; Santiago ARBOLEDA QUIÑONEZ. “Gerardo Valencia Cano: Memorias de resistencia en la construcción de Pensamiento Afrocolombiano”. Historia y epacios, Univalle, Nº 20, ene-jun, 2003, pp. 79-97: disponible en http://historiayespacio.univalle.edu.co/TEXTOS/20/Articulo4.pdf
[7] Al respecto la historia de la HACIA, Asociación Campesina del Atrato, la gestación igualmente de la ANUC, Asociación Nacional de Usurarios Campesinos, la Asociación de Campesinos Chocoanos de San Juan, ACAD, La Asociación de Campesinos del Baudó, OCABA, entre otras.
[8] Ver al respecto, Anne Marie LOSONCZY. La trama interétnica. Ritual, sociedad y figuras de intercambio entre los grupos negros y Emberá del Chocó. ICANH - IFEA, 2006, p. 13. El trabajo antropológico de Losonczy entre 1975 y 1992, al igual que el infatigable adelantado por Nina S. de Friedemann, resulta importante pues, permite advertir la diversidad de manifestaciones culturales y las preguntas políticas de la época para las y los afrodescendientes.
[9] “¡Cómo será su sentido político que para las últimas elecciones se inscribieron más de 130 listas de minorías negras!”. Aiden SALGADO, “Manuel Zapata Olivella describe realidades de los afrocolombianos, la etnia mas sufrida en el país”. Entrevista a Manuel ZAPATA OLIVELLA. El Tiempo, 28 de mayo de 2004. Presentado igualmente en las memorias del Ier Encuentro de la Red Nacional de jóvenes Afrocolombianos. Buenaventura, Octubre 8 -10 de 2004: http://axe-cali.tripod.com/correo-recibido/1-encuentro-red-nal-jovenes-afro.htm#sd
[10] Fernando Giraldo García. “legislación y reglamentación para poblaciones afrodescendientes en Colombia”. Estudios sobre la participación política de la población afrodescendiente: a experiencia en Colombia. IIDH, 2007, p. 36
[11] Maura Nasly MOSQUERA MOSQUERA. “Oportunidades, obstáculos y desafíos de la participación política de la población afrodescendiente en Colombia”. Estudios sobre la participación política de la población afrodescendiente: la experiencia en Colombia. IIDH, 2007, p. 103
[12] Eliana DUARTE. “Usos políticos de la diferenciación étnica y racial: un estudio de la circunscripción electoral especial”. Análisis, IRG, 6 de diciembre de 2007. Versión electrónica: http://www.institut-gouvernance.org/fr/analyse/fiche-analyse-292.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.