Etnia y Ciencia Política en Colombia;
Consideraciones en torno a la concepción disciplinar y el diseño de políticas públicas diferenciales
(Versión preliminar)
Si se considera que nuestras acciones tanto como nuestras ideas se corresponden a encuadres y descases con las mentalidades e imaginarios imperantes, podría dudarse que también las consideraciones políticas, dirigidas por la indagación respecto del vivir juntos y sus posibilidades, puedan estar ausentes de tal estudio; mucho más si se considera que conceptos como pueblos, etnia, raza, tribus, estado, nación, grupos, comunidades, clanes, castas, poblaciones impregnan buena parte de la producción disciplinar en ciencias políticas y sociales (BALIBAR, 1991) .
Difícilmente podrían no incorporarse a tal estudio las inquietudes, tensiones y manifestaciones étnicas que marcan la vida de sujetos concretos y sus formas de relacionamiento intersubjetivo y con las instituciones públicas en esas complejas organizaciones que han sido objeto de la consideración disciplinar denominadas estados o naciones, alimentando en su interior una concepción hegemónica de las identidades, marcada fundamentalmente por la ilusión conceptual abstraccionista liberal.
Podría pensarse igualmente que la inclusión de la perspectiva étnica para el abordaje de problemas políticos obedecería más a un asunto de modas y convencionalismos políticamente correctos, correspondientes con la sensibilidad epocal en la que, no sin discusión, se proponen nuevos y muy originales asuntos a la consideración diversa y heterogénea de las ciencias sociales; las cuales en su dispersión y atomización característica tolerarían más que definirían los rumbos emprendidos en la investigación social. De manera particular, en la práctica disciplinar, tal dispersión evidenciaría que “las diversas escuelas y corrientes de las ciencias políticas se encuentran actualmente sentadas ante mesas separadas, cada una con su concepción de lo que deben ser las ciencias políticas, protegiendo un núcleo oculto de vulnerabilidad” en una disciplina segmentada. (ALMOND, 1999, págs. 39-61)
Pese a la elocuencia de tales afirmaciones, las mismas no reflejarían más que un atávico error consistente en dar por cierto que los asuntos problémicos al interior de una disciplina obedecen a reglas de ortodoxia y mecanismos corporativos de validación epistemológica que, alegando el carácter pluralista instalado en la comprensión de la política y de la institucionalidad pública, aspirarían a recomponer su diversidad en fórmulas y modelos disciplinares hegemónicos.
La producción política institucionalizada suele reproducirse de manera fagocitante e inmune a las innovaciones disciplinares. Piénsese por ejemplo que las valoraciones del feminismo, aun hoy, se debaten entre su reconocimiento como una ética de la feminidad o su incorporación en plano paritario a la racionalidad en el seno de la producción en teoría política, dibujando la tensión entre “la petición de tolerancia de las perspectivas múltiples de las feministas postmodernas (y) el deseo feminista de desarrollar una ciencia alternativa que pueda rechazar de una vez por todas las deformaciones del androcentrismo” (HAWKESWORTH, 1989, pág. 537) . A consecuencia de esa expectativa disciplinar recortada, ideológicamente sexuada se afirmaría; no se advierte suficientemente el amplio número de politólogas cuyo valioso trabajo se inscribe en tal tradición de renovación conceptual y epistemológica y al no menor número de politólogos que han hecho consciente la perspectiva feminista y las consideraciones de género en su trabajo académico e investigativo, a partir de una concepción ni universalista, ni avasallante, ni tiránica del conocimiento como práctica humana, tal como la politóloga Mary Hawkeworth propone.
Esta tensión resulta protuberante para quienes expresan su compromiso disciplinar con la teoría política feminista, al punto que acendran su crítica para advertir cómo “el descubrimiento de un androcentrismo dominante en la definición de problemas, teorías específicas, conceptos, métodos y perspectivas de investigación alimenta los esfuerzos de para distinguir entre conocimiento y prejuicio” (HAWKESWORTH, 1989, pág. 534) .
En igual sentido, otras formas de dominación conceptual y teórica podrían encumbrarse en la construcción politológica, de manera tal que determinados problemas y asuntos resulten viabilizados como propios de la disciplina mientras otros terminarían por ser, sin más, arrumbados o ignorados de tajo. Podría imaginarse, por ello, que nuestra pregunta inicial obedece a una postura revanchista que disputa un cómodo lugar para la producción de un discurso que convierta la adscripción grupal y la vinculación étnica en una ventana para el protagonismo profesional; sin embargo, nuevamente, lo que deja sentado tal actitud no sería más que la arrogancia definitoria de lo válido, que no considera la importancia del asunto étnico por sí mismo en la producción politológica, asunto al parecer de poca importancia en Colombia[1]; sino además obvia el carácter político que tal estudio adquiere para sus cultores y para las y los ciudadanos que a sí mismos se encuentran vinculados, adscritos e identificados por valores, costumbres, prácticas y tradiciones étnicas visibles y manifiestas en sus vidas individuales tanto como en los juegos, flujos y reflujos intersubjetivos y públicos.
Dicho así, identificarse como afrodescendiente no sólo resulta siendo un asunto antropológico sino, fundamentalmente, político; en la medida en que tal adscripción pone de presente las complejas manifestaciones de la ciudadanía, las consideraciones sobre la diferencia, las remisiones al poder, los marcos epistemológicos en los que se inscribe tal identificación, las implicaciones de la cultura en la vida cotidiana, la construcción de la diferencia, las manifestaciones de grupos humanos concretos cuyas demandas resultan públicas; asuntos todos ellos de cepa y raigambre politológica en cuanto articulan intereses políticos para las y los mismos afrodescendientes tanto como para la fracción social mayoritaria.
Más allá de la justificación del interrogante plantead, al interior de la disciplina politológica puede evaluarse con evidencias si el asunto étnico y su consideración ha estado o no presente en las décadas de su gestación y afianzamiento en el país; bajo qué acuerdos y desacuerdos se ha producido tal valoración y cuáles han sido las referencias al asunto étnico presenten en los enfoques y prácticas del oficio en Colombia.
Podría acusarse a la ciencia política colombiana de restringir sus consideraciones a aspectos institucionales, leídos a partir de su reverente afirmación del positivismo y del operacionalismo behaviorista que caracteriza el trabajo de buena parte de sus cultores, educados en universidades estadounidense en las décadas de decadencia del conductismo y aparición del debate posbehaviorista. De la misma manera, podría pensarse igualmente que en las últimas décadas se han posicionado nuevos sujetos marcados conceptual y epistemológicamente por su comprensión y acercamiento disciplinar de asuntos, lecturas y problemas instalados en la emergencia del posbehaviorismo, la renovación del pensamiento crítico, la gestación y declive del posestructuralismo, el posicionamiento de los estudios de la subalternidad y de la decolonialidad, así como la transfiguración del institucionalismo, lo cual demarcaría un escenario renovado para el crecimiento disciplinar, en el cual la lectura de los asuntos étnicos se habría desarrollado de mejor manera, en un país marcado por la ocurrencia de una nueva constitución articulada bajo el reconocimiento nacional pluriétnico y multicultural.
Sin embargo, un vistazo al conjunto de las producciones politológicas en el país no deja duda del precario y casi inexistente abordaje de los asuntos étnicos como campo de trabajo disciplinar: Libros, revistas, investigaciones, comunicaciones, espacios deliberativos y de encuentro de la denominada comunidad científica dedicada a las indagaciones politológicas, evidencian la insuficiencia de tal tratamiento. A quienes rápidamente piensen que ello en buena medida es consecuencia del bajo número de profesionales afrodescendientes con formación en ciencia política, consecuencia de una tradición de angostamiento del acceso a cupos universitarios para tal población, habría que hacerles notar que, pese a que ello pueda ser cierto, no deja de ser sorpresivo si se considera que afrodescendientes y otros grupos étnicos constituyen una minoría poblacional notoria y visible estadísticamente en el país, por lo que su invisibilidad conceptual y epistémica vendría a evidenciar los estrechos modelos y enfoques a los que la Ciencia Política ha dedicado su atención en el país; marcada por el liderazgo de centros académicos cuyos temas y problemas permanecen lejanos de tales expresiones e intereses, pese a los aportes que investigadores específicos han realizado en algún momento de su carrera y hasta ahora, para el tratamiento disciplinar de la etnia y los asuntos problémicos de la racialización en los diferentes ámbitos de la política en Colombia.
Si bien podría afirmarse que los ideales de la política “no se basan en el color de la piel de la gente” (WALTON, 1999, pág. 196) , lo que queda por demostrar es si efectivamente la realización de ideales como la justicia, la igualdad o la libertad puede prescindir de la identificación étnica, sobre todo cuando uno de sus marcadores, el color de la piel, se convierte artificiosamente en un nominador en contra de aquellas y aquellos que aspirarían a una consideración justa, igualitaria y libre que prescinda de tal valoración prejuiciada.
Así, la tradición disciplinar no ha cuestionado la mistificación de la armonía racial con la que se ha resuelto el problema de la diferencia y su negación como fuente de tensiones y conflictos en el país. De igual manera, poco se ha construido sobre una base politológica que permita advertir los rumbos de la dominación política y la exclusión de públicos dominados en el panorama político nacional, por el cual las figuras, los liderazgos, los cargos investidos de autoridad y la imagen misma de la nacionalidad resultan blanqueados, europeizados y homogeneizados.
Con ese antecedente, se instrumentaliza el hecho de que, a diferencia de lo que aconteció y acontece en otras latitudes, las manifestaciones étnicas en Colombia no han producido tensiones caracterizadas por la instauración de líneas de color ni demarcaciones para segregar y controlar a públicos precariamente incorporados a los beneficios de la organización política bajo la tutela del Estado. En consecuencia, los gobiernos no han tenido que plantearse sino hasta muy recientemente políticas concretas encaminadas a producir repartos de bienestar que contengan las condiciones de empobrecimiento, atiendan la salud, vinculen a la educación, fomenten el desarrollo y estimulen la incorporación de públicos de adscripción étnica a la acción de las instituciones públicas, al mercado laboral y a la producción económica.
El recorte conceptual de las acciones afirmativas como políticas contra la vulnerabilidad, tal como las asume el Departamento de Planeación Nacional y las manifiestas acciones de desacato a decisiones de las altas cortes[2], pone de presente el carácter antojadizo con el que se han incluido la perspectiva étnica y el enfoque diferenciado no sólo en la gestación de políticas públicas específicas sino además las comprensiones disciplinares que animan tales políticas y a los profesionales responsables de su implementación.
Tal situación ha dibujado un escenario en el que se ha supuesto en lo público opera una suerte de acuerdo racial armonioso por el que, si bien persisten y se reconocen obvias diferencias entre los individuos, tal diferencia no importa en la expresión de la ciudadanía ni produce fracturas sociales en tanto cada uno conserve su lugar tácitamente asignado a lo largo de tan placido entendimiento histórico. Las construcciones de una ciudadanía sin raza y las mistificaciones de la igualdad racial, la armonía racial y la democracia racial encuentran así su asidero en las prácticas oficiales de solapamiento étnico, blanqueamiento biológico e hispanización cultural y civilizatoria; que revelan la construcción de categorías y fronteras de racialización con las cuales ocurre un cierto posicionamiento social, de contenido histórico, jerarquizado, estereotipado y perdurable que asigna al grueso de las y los afrodescendientes el lugar del dominado en la base de la pirámide, mientras produce una suerte de blanqueamiento ascendente y emancipador, mucho más definido en la cúspide ocupada por los sujetos pertenecientes a las elites regionales y nacionales (CUNIN, 2003) , (MOSQUERA, 2009) , (WADE, 2000) .
En el mismo sentido, se reproduce abiertamente una reedición de viejos prejuicios que naturalizan las relaciones sociales racializadas a partir de la instalación de lugares habituales, tanto geográficos como epistemológicos, en los que se da por sentada la evidencia del empoderamiento de elite frente al despoderamiento de los subordinados, claramente situados en el mapa, a pesar de las continuas oleadas de desplazamiento hacia las grandes urbes en el país (BONET, 2007) .
De modo particular, la Ciencia Política colombiana no ha cuestionado tal construcción racializada de la nacionalidad que conlleva no sólo el posicionamiento en el poder por parte de elites tradicionalistas y de cooperación fagocitante, demoledoras de la diferencia y promotoras de la homogeneidad, sino además ha dejado de observar el hecho protuberante del carácter machista y monocromático en el copamiento de los espacios de representación y liderazgo público; cuyos mayores avances se identifican en la instalación a regañadientes de cuotas femeninas y el establecimiento de curules limitadas para la representación minoritaria étnica y migrante. Más allá de tales hazañas, poco ha sido el debate inspirado por la politología respecto de la institucionalización de mecanismos para la visibilización de las diferencias étnicas, lo que de paso revela el tácito asentimiento, cuando no la abierta aceptación, de tal situación.
El análisis político y las consideraciones de estudios disciplinares en torno a la gestión de políticas públicas que hagan frente a tales asuntos, requiere entender la exigencia de medidas excepcionalmente afirmativas, necesarias para la realización de derechos diferenciados correspondientes a capas poblacionales significativas en el país, caracterizadas por su pertenencia étnica. En el mismo sentido, debería aportar a una comprensión de la actuación del Estado en función de sus obligaciones, más allá del carácter tecnicista y eficientista característico de las últimas administraciones. Una lectura tal, debería aportar a fortalecer una comprensión del gobierno como garante de lo que constitucionalmente le obliga con la realización de los fines del Estado, antes que como un aparato estrechamente relacionado con el sostenimiento de tales desigualdades, que resultan injustas a consecuencia de no transformar efectivamente las condiciones societales que moldean casi de manera determinista la vida de seres humanos marcados por estructuras inamovibles.
En modo alguno puede afirmarse que la necesidad de tales medidas obedece a la incapacidad de las y los ciudadanos étnicamente diferenciados. Lo que tales medidas patentizan es la inacción estatal y la ineficacia gubernamental, cuyo efecto duradero y estructural hace impostergable su implementación. Para tal propósito, las políticas públicas de acción afirmativa deben entenderse no desde la asimilación pasiva de aquellos a quienes se supone, sin mayor acercamiento a la historia colonial y al establecimiento de la república, incompetentes para transformar sus condiciones vitales y sí como una plataforma de empoderamiento nacida como respuesta institucional a los ejercicios de movilización gestados en torno a las demandas colectivas de grupos étnicos precariamente insertos en el reparto de bienestar que debería promover el Estado y no lo hace o no lo logra en razón a situaciones estructurales favorecidas, permitidas o promovidas por la acción o inacción gubernamental en diferentes periodos de tiempo.
El asunto de la eficacia gubernamental, vinculado a las condicionantes sociales sostienen una relación de desigualdad y desproporción por razones racializadas, debe convertirse en el eje central de las preocupaciones politológicas en torno a la relación etnia, ciudadanía y poder en Colombia. En este sentido, una deuda social y política no pagada, contraída en la inserción republicana sin garantías de aquellas y aquellos que, a consecuencia, reclaman su ciudadanía étnica diferenciada; implicaría la revisión de los recursos de poder y las condiciones de influencia e incidencia pública disponibles para los grupos étnicos, sus organizaciones, liderazgos e individuos. La desproporción en el acceso y disfrute de tales recursos evidencia el carácter disfuncional de la acción gubernamental, por ejemplo, en los territorios históricos y ancestrales tanto como en la deficiente atención a las demandas y reclamos de actuación para quienes migraron o nacieron en los entornos urbanos. Aquí y allá, salvadas las proporciones y modalidades, resulta intolerable la perpetuación de condiciones de estigmatización, marginalidad, discriminación y desigualdad de aquellas y aquellos dejados al margen de la actuación gubernamental suficiente para provocar su real satisfacción de márgenes amplios de bienestar. Si bien tal situación aparece asociada a factores socioeconómicos indicadores de pobreza, son igualmente visibles las razones de tipo político que permitan la continuación de prácticas bajo criterios racializados en la atención gubernamental a las demandas sociales de poblaciones étnicas, caricaturizadas en la planeación del desarrollo como población vulnerable.
El estatus mismo a partir del cual debería establecerse el plan de acción gubernamental y las consideraciones políticas de tratamiento a la identidad y diferencia étnica aparecen en disputa cuando categorías epidemiológicas son superpuestas para desconocer el carácter estructural de las prácticas que ponen de soslayo el carácter étnico en la acción gubernamental. En el mismo sentido es sintomático que en el discurso oficial, en el marco jurídico como en buena parte de la producción académica en ciencias políticas y en ciencias sociales no se haga mayor distinción entre categorías tan disimiles como ‘negro’, ‘afrocolombiano’ ‘afrodescendiente’, ‘comunidad negra’, grupo étnico negro o afrodescendiente’; lo cual pone bajo sospecha el carácter instrumental con el que se ha sucedido la incorporación temática de lo étnico en la práctica como en el estudio político; marcados por la mayor vigilancia a los asuntos indígenas frente a la obliteración y el largo evitamiento conceptual de la pertenencia étnica afrodescendencia en Colombia, para muchos descubierto a partir de la declaratoria constitucional pluriétnica y multicultural.
Una práctica histórica continuada de obsolescencia en el direccionamiento de acciones gubernamentales evidenciaría el tratamiento insuficiente de las medidas necesarias encaminadas a favorecer la inclusión del grupo étnico afrodescendiente en el reparto de bienestar, respondiendo a la implementación de acciones de choque o antojadizas sin cuestionar el nivel de satisfacción generado con tal actuación.
Tal práctica suele escudarse, sorprendentemente, en el argumento según el cual la precaria incorporación de las y los afrocolombianos al disfrute del bienestar y a las evidencias de desarrollo pasan más por factores endémicos asociados al clima, a las especificidades geográficas y las particularidades culturales de las y los afrodescendientes en el país antes que a factores estructurales[3]. Incluso si se atisba algún viento reformista en el actual gobierno que indique cambios en esta práctica[4], queda por verse el carácter estructural y reparador de las medidas que puedan implementarse para invertir la actuación gubernamental desdeñosa.
Por lo pronto, la evidencia contraria permanece pues, pese a que más de 234.000 damnificados fueron igualmente anegados por la inclemente afectación invernal, según los Alcaldes de los 23 municipios afectados en el denominado chocó biogeográfico, a la fecha no se ha atendido tal situación por parte del gobierno nacional ni por la iniciativa denominada “Colombia humanitaria”, receptora de donaciones de la ciudadanía y encargada de direccionar acciones gubernamentales y corporativas para la atención y reconstrucción de las poblaciones afectadas.
Ante esta situación ¿Cuál será el rumbo de las discusiones politológicas en torno a la inclusión étnica como problema de importancia para la formulación de políticas públicas?
Notas
[1] Al respecto es interesante observar que al presentar los diferentes enfoques para el análisis político, (LOSADA y CASAS, 2008) los autores reseñan el enfoque culturalista, sin hacer mayores observaciones respecto al carácter que los estudios políticos afroamericanos han tenido en la ciencia política estadounidense, inaugurando un enfoque étnico de importancia disciplinar. Al respecto (WALTON, 1999) . En Colombia, los estudios africanos y los estudios afrocolombianos en Ciencia Política resultan significativamente precarios, pese a su inclusión en algunos programas de pregrado y posgrado, especialmente en Bogotá. Para el caso colombiano, (WAGBOU, 2008) .
[2] Así por ejemplo, la Corte Constitucional en diferentes autos y sentencias ha ordenado infructuosamente al Estado colombiano enfrentar la violación sistemática de derechos del grupo étnico Afrodescendiente implementando planes de acción y políticas de atención integral que hoy todavía no existen. Al respecto, véase el Auto 005 de 2009, desacatado por el Gobierno Uribe y, a la fecha, por el Gobierno Santos, pese a haber creado en diciembre de 2010 el Programa Presidencial para la formulación de Estrategias y Acciones para el Desarrollo Integral de la Población Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal.
[3] Dos evidencias recientes resultan importantes a este respecto; ambas ocurridas en Cali. En el año 2007, en el Consejo Comunal Afrocolombiano, ante la acusación hecha por parte de líderes afrodescendientes de que el gobierno sostiene prácticas históricas de discriminación racial, Alvaro Uribe Vélez reclama “Reúnanme a los blanquitos pobres del Valle del Cauca a ver si no están en la misma situación de los negros pobres”. Un año después, ante la multitudinaria manifestación de la minga indígena del pueblo Nasa ocupando predios y movilizado por el derecho a la tierra ante el manifiesto incumplimiento del gobierno nacional, Uribe enrostra a los indígenas el que la fuerza pública repele la protesta por expresarla con violencia y por fuera de los escenarios de diálogo. Ambos encuentros finalizaron sin que el gobierno comprometiera acciones concretas para asumir su responsabilidad en la debilidad de las acciones implementadas.
[4] En diciembre de 2010 el gobierno nacional creó el Programa presidencial para la formulación de estrategia y acciones para el desarrollo integral de la población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal, con funciones de asesoría, diseño de lineamientos y estrategias, proposición de estudios e investigaciones y coordinación de acciones de asistencia técnica.
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