Resulta sorprendente que pueda llamarse democrático un régimen en el que
una persona con una sola decisión borra de plano la decisión popular de
millones de ciudadanos expresada en las urnas. Mucho más que la existencia de
razones jurídicas para destituir al Alcalde Gustavo Petro, dudosas y de un
nivel de filigrana inadmisible, el fallo venal del Procurador desequilibra de
manera gravísima el modelo institucional colombiano.
La defensa de la institucionalidad política, incluso para quienes la
democracia resulta un espantapájaros para
engañar al pueblo, constituye un principio de acuerdo fundamental entre las
diferentes tendencias que se expresan en una sociedad política. Esa
institucionalidad ha resultado terriblemente demolida al producir una extraña
forma de retaliación política revestida de las formalidades jurídicas, mediante
la cual un solo funcionario público, acudiendo a las facultades
constitucionales de control disciplinario, exhibe con descaro las debilidades
del modelo republicano destituyendo de un plumazo a un mandatario elegido de manera
democrática, masiva y legítimamente por las y los ciudadanos de Bogotá, distrito
capital de Colombia.
Si se suma a tamaña desfachatez el que el Alcalde irregularmente destituido
es un militante de izquierda, que ahora ve cercenados sus derechos políticos al
quedar inhabilitado para ocupar cargos públicos por quince años, el asunto no
parece de poca monta.
La decisión de Ordoñez resulta perjudicial para la democracia y devela las
maneras atroces como la interpretación jurídica puede ser amañada y torcida en
función del reclamo de intereses que, so pretexto de salvaguardar las
formalidades del derecho, se inventa razones para indisciplinar la democracia fustigando
de forma perversa a los contradictores políticos, eliminándoles de futuras contiendas
electorales con decisiones amañadas, abiertamente inaceptables y cobrando a
alto precio el favor de bloquear a quienes, insistiendo en las vías pacíficas, enfrentan
a poderes enquistados, acaparadores del erario público mediante procesos de
apropiación plagados de corrupción y clientelismo.
En la versión de Ordoñez, resulta perverso desprivatizar un servicio
público tanto como tomar decisiones públicas que, pese a lo traumático de su
instalación, demuestran su conveniencia y necesidad. En el comunicado en el que
informa de su decisión, Ordoñez afirma que “se
determinó que el señor alcalde mayor de Bogotá de manera libre, consciente y
voluntaria, ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades
sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad”; lo cual pone en
evidencia no sólo la precariedad de los argumentos con los que justifica su
injustificable como irregular decisión.
Alega
igualmente Ordoñez que “el
Decreto 564 de 2012 un nuevo modelo de aseo para la ciudad de Bogotá por fuera
de la ley ( y que) con los artículos 6, 8 y 9 del mencionado Decreto, se
vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia, pues
impusieron una serie de restricciones y limitaciones para que otras empresas,
distintas a las del Distrito, no prestaran el servicio de aseo a partir del 18
de diciembre de 2012”.
Resulta entonces patético
encontrar a un funcionario responsable del control disciplinario acudiendo a la
defensa de la libre empresa, como fundamento impostergable que suma de modo
grave a la actuación de un alcalde de izquierda, cuya propuesta política
social, y solidaria, legítimamente registrada como programa de gobierno, electa
por las y los ciudadanos de Bogotá e incorporada a un plan de desarrollo, acude
a fundamentos políticos de contenido socialistas, en abierta contradicción con
dichos principios cuando los mismos contradicen la defensa del bienestar y la
justicia social.
Hoy, más que nunca, habrá que insistir en recomponer los rumbos de la
institucionalidad en Colombia; empezando por consagrar como un impostergable en
nuestro modelo constitucional la salvaguarda de la decisión popular como fundamento
último para legitimar, valorar o revocar a un mandatario público; de modo que
resulte imposible que un sujeto que obra como si se tratara de un pequeño
emperadorcito se crezca a tal estatura que su poder resulte mayor al de
cualquier institución democrática.
Por lo pronto, también las y los afrodescendientes estaremos con Petro en
las calles, en paz y hasta las últimas consecuencias.
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