Una Dirección de Asuntos Étnicos para Medellín

El que Medellín cuente con 23.000 indígenas acogidos en el cabildo Chibcariwak se suma al nacimiento, presencia y visibilidad histórica de quienes ahora son por lo menos 236.000 afrodescendientes, que constituyen cerca del 11% de su población; cuyos derechos consagrados constitucionalmente reclaman del Estado su garantía y satisfacción de manera diferenciada frente al resto de la población; en la medida en que constituyen grupos étnicos históricamente desfavorecidos en los procesos de desarrollo. Atender sus problemáticas y reivindicaciones, proteger su identidad, prácticas ancestrales y tradiciones culturales, salvaguardar sus derechos e implementar políticas públicas orientadas a superar las condiciones de indignidad, injusticia e inequidad a las que se encuentran sometidos, constituyen argumentos más que justificados para la instalación de una dependencia pública que encare la tarea de producir transformaciones en los indicadores de desarrollo humano, territorial y económico para los grupos étnicos en Medellín; instancia que hoy no existe y que en tiempo de campaña hizo parte de las propuestas del hoy Alcalde Anibal Gaviria Correa.

Una dirección de asuntos étnicos se requiere no sólo por el hecho de las ciudades tienen compromisos constitucionales por los cuales responder, en la medida en que la definición de políticas públicas en ellas debe corresponderse con la sinergia entre los esfuerzos de los distintos entes territoriales con las responsabilidades del orden nacional; sino además por el hecho muy singular de que las administraciones locales son responsables por la suerte de sus propios ciudadanos. Frente a la difusa percepción de que las y los indígenas y afrodescendientes no pertenecen a la ciudad sino que provienen de territorios lejanos, ajenos a la misma, habría que advertir que las políticas públicas apuntan a fortalecer y mejorar el desarrollo económico, territorial y humano de quienes aportan a la producción de riqueza, a la dinámica productiva y a su transformación en bienes, servicios y productos, así como a quienes hacen su vida y se apropian del territorio como nacidos, avenidos y allegados a la ciudad; en correspondencia con los flujos demográficos, migratorios y de poblamiento típicos de las grandes urbes colombianas.

Además, para el caso de las y los afrodescendientes se debe resaltar cómo de 236.000 personas, cerca de 120.000 corresponden a habitantes nacidos en esta ciudad que se reconocen como tales[1], y un tercio restante ha vivido la mayor parte de su vida en Medellín (CON-VIVAMOS 2011), lo que ratifica aun más su requerimiento de actuación oportuna como pertenecientes a la ciudad.

Para esta población, que define su ciudadanía a partir de la adscripción a un pueblo o grupo étnico frente al conjunto de la ciudadanía que se entiende como mestiza o integrada, resulta prioritario que el Estado defina los rumbos políticos con los que se promueven, realizan y garantizan sus derechos y libertades individuales y colectivas, se salvaguarda la vivencia de su identidad, se protegen y tutelan  sus costumbres, tradiciones y culturas; de manera tal que la riqueza humana y material que portan y a la que aportan encuentre cómo expresarse, inventarse o reconfigurarse en el entorno urbano.


Como se expuso en Cartagena de Indias, durante la reunión de Ministros de Cultura en 2002, "el respeto y la valoración de nuestra diversidad contribuyen al dinamismo social y económico, y son factores positivos en la promoción de la gobernabilidad, la cohesión social, el desarrollo humano, los derechos humanos y la coexistencia pacífica en el Hemisferio" (Declaración de Cartagena 2002). A estos propósitos, la nación, la región y la localidad responden diseñando, formulando y ejecutando acciones, proyectos, programas y planes que concretan sus estrategias para que tales grupos humanos no sean discriminados ni su dignidad resulte menguada a consecuencia de que el Estado no haga lo que le corresponda para que la sociedad avance en el respeto, reconocimiento y apropiación de la diferencia como elemento fundante de la vida humana. Tal como lo entiende la teoría política intercultural, si el Estado no protege la diferencia, entonces atenta contra la libertad en la medida en que asume una representación totalizadora de la sociedad que contribuye a regular y configurar (Nett 2005, 16). Con su aporte, el Estado apuntala condiciones institucionales que coadyuvan a instalar dispositivos favorables a la promoción de la no discriminación, al respeto del otro, de sus costumbres, comprensiones, cosmovisiones y maneras de ser; aportando y fomentando instrumentos administrativos, estadísticos,  comunicativos, educativos, cooperativos, asociativos y organizativos a la atención, difusión y protección de tales diferencias protegidas por organismos locales, nacionales e internacionales[2].

Enfrentar con osadía la urgencia de mejorar los indicadores multidimensionales del desarrollo humano para los grupos étnicos en la ciudad no sólo constituye una prioridad del Estado sino además debería serlo para los diferentes sectores de la sociedad, especialmente el productivo y el solidario; insertos como se encuentran estos sectores en contextos de globalización en los que constituye hoy un valor fundamental e incluso una ventaja competitiva la adopción de estrategias de inclusión de la diversidad étnica (Susaeta y Navas 2005). Así, sumado a lo dicho hasta ahora, una dependencia de asuntos étnicos asume también el compromiso de comprometer a otros actores distintos del Estado en tareas de fomento empresarial, vinculación laboral, cualificación y formación, investigación e innovación en las que la diferencia étnica robustezca prácticas de incorporación al sector productivo en condiciones de equidad, ecuanimidad y responsabilidad en todos los ámbitos de la vida empresarial, cooperativa, corporativa y empresarial; contribuyendo a gerenciar la diferencia y la diversidad de motivaciones poblacionales y étnicas con nuevos instrumentos frecuentemente ignorados o desconocidos por los empresarios y administradores públicos locales, más preocupados por la implementar por las técnicas de la eficiencia y la religión de la competitividad que por la gestación de condiciones reales para el desarrollo económico local (Zambrano Barrios 2006; Guerrero 2004).

La instalación de una dependencia étnica en la ciudad debería orientar la acción estatal y estimular las prácticas societales y empresariales hacia la implementación de la política de no repetición del daño, con la que se aboca la tarea de incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes resultan seriamente afectados por un conjunto de barreras que impiden, aminoran y limitan su desarrollo, buscando que tal acción contenga, restrinja o elimine las condiciones estructurales e institucionalizadas que sostienen tales injusticias y las repare y desinstale permanentemente para las presentes y futuras generaciones, sin que ello genere nuevas discriminaciones ni socave el ejercicio de la vida política y el disfrute de derechos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Las y los afrodescendientes reclaman una dirección cuya eficacia esté garantizada por su dependencia directa del Alcalde de la ciudad; blindada frente a la corrupción por claros principios administrativos y funciones que le involucren directamente en la consulta, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos orientados a articular la actuación gubernamental en la defensa, satisfacción  y garantía de derechos étnicos.

En ese propósito tal dependencia deberá contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad organizativa y la legalización de las organizaciones locales de la comunidad afrodescendiente, fomentando prácticas de legitimación y empoderamiento más allá de los membretes y de la representación personalista; estimulando su identificación, formalización, capacitación, coordinación y articulación en procesos que reflejen la complejidad municipal, sin que con ello se vulnere la autonomía propia de los procesos societales, pues no se trata de que el Estado organice a la sociedad civil sino que promueva y fomente formas de interlocución y relacionamiento transparente y cooperante con estas organizaciones, paa lo cual deberá consolidar espacios, escenarios y procedimientos de consulta legítima que incrementen la participación de las comunidades étnicas en la gestión de su desarrollo, sumando al mejoramiento del desarrollo del conjunto en la ciudad.

La dirección de asuntos étnicos, debería igualmente proveer a la ciudad de un instrumento para la coordinación intersectorial de estrategias encaminadas a superar los deprimidos índices de desarrollo humano que evidencian el padecimiento y la situación de inequidad e indignidad en la que vive buena parte de las y los habitantes de la ciudad, altamente representados en situaciones de vulnerabilidad, pobreza, desempleo, condiciones de insalubridad, precariedad o carencia de servicios públicos, desescolarización y deserción escolar, bajo acceso a educación superior; entre otras graves afrentas a su humanidad.

Finalmente, resulta claro que el ente por el que el Alcalde se decida, para responder además a demandas incumplidas en pasados gobiernos y a su propio programa de gobierno defendido y victorioso en la pasada campaña, no puede constituirse en una instancia para que concentre sus acciones en proponer, recomendar, orientar u otras acciones de consultoría similares. Lo que se espera es que la dependencia creada tenga el músculo administrativo y financiero necesario para apoyar y fortalecer las iniciativas emprendidas décadas atrás por las organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación, gestadas muchas veces sin el apuntalamiento del Estado, cuyos recursos técnicos y económicos podrían garantizar el éxito de tales medidas.

Si el recorrido administrativo de la ciudad hoy refleja condiciones que alientan su transformación, es necesario tomarse en serio la promesa planteada por la presente administración de Anibal Gaviria, quien aspira a hacer de Medellín “un hogar para la vida”, en el que la equidad sea el signo de una ciudad “incluyente en lo social, distributiva en lo económico, democrática en lo político, sostenible en lo ambiental y desarrollada humana e integralmente” (Municipio de Medellín 2012). La seriedad de este sueño, compromete igualmente a las y los afrodescendientes en la ciudad, cuya participación y movilización en el proceso de gestación, evaluación y seguimiento del plan de desarrollo 2012 - 2015 constituye un reto para continuar construyendo caminos de libertad en una ciudad que también nos pertenece.

Trabajos citados

CON-VIVAMOS, SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURA CIUDADANA. Condiciones de la polabión negra, afrocolombiana, palenquera y raizal en Medellín. Municipio de Medellín, 2011.

Declaración de Cartagena. Primera Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura. Junio de 2002. http://www.oas.org/key_issues/spa/GAcultural.htm Guerrero, Omar. Gerencia pública: Una aproximación plural. Facultad de ciencias Políticas y sociales de la Universidad Autónoma de México, 2004.

Municipio de Medellín. construyamos unidos un hogar para la vida. 02 de 2012. http://www.elplanmedellin.com/.

Nett, Mane y otros. Diversidad cultural: el valor dela diferencia humana. Santiago de Chile: Consejo Nacional de la cultura y de las Artes, 2005.

PNUD. Derechos de la población afrodescendiente de América Latina: Desafíos para su implementación. Proyecto Regional Población Afrodescendiente de América Latina, 2010.

Susaeta, Lourdes, y Jose Emilio Navas. «La diversidad cultural como fuente de ventaja competitiva. Una aplicacion a la empresa multinacional.» Cuadernos de Estudios Empresariales, 2005: 153-177.

Zambrano Barrios, Adalberto. Planeación estratégica: Presupuesto y control de la gestión pública. Capítulo IV "Gerenciar los sistemas sociales implica dirigir una realidad compleja". Universidad Católica Andrés Bello, 2006.

---

[1] Es preocupante y bastante sintomático de la urgencia por articular políticas que fortalezcan la identidad afrodescendiente el hecho de que un 34% de los nacidos en Medellín no se autoperciben como tales. Ello ratifica el que “estudios científicos han evidenciado que muchos de los hijos de afrodescendientes que han nacido en estas ciudades, no se auto reconocen, aunque conserven las características de éstos como por ejemplo, características melanimicas, fenotípicas y culturales” (CON-VIVAMOS 2011, 68).

[2] Colombia ha suscrito diferentes tratados y convenciones que protegen y exigen su actuación para la protección y garantía de derechos de pertenencia étnica, cuya implementación es objeto de seguimiento por organismos de diverso orden. Un rastreo reciente, puede hacerse en (PNUD 2010).