Resulta sorprendente que pueda llamarse democrático un régimen en el que
una persona con una sola decisión borra de plano la decisión popular de
millones de ciudadanos expresada en las urnas. Mucho más que la existencia de
razones jurídicas para destituir al Alcalde Gustavo Petro, dudosas y de un
nivel de filigrana inadmisible, el fallo venal del Procurador desequilibra de
manera gravísima el modelo institucional colombiano.
La defensa de la institucionalidad política, incluso para quienes la
democracia resulta un espantapájaros para
engañar al pueblo, constituye un principio de acuerdo fundamental entre las
diferentes tendencias que se expresan en una sociedad política. Esa
institucionalidad ha resultado terriblemente demolida al producir una extraña
forma de retaliación política revestida de las formalidades jurídicas, mediante
la cual un solo funcionario público, acudiendo a las facultades
constitucionales de control disciplinario, exhibe con descaro las debilidades
del modelo republicano destituyendo de un plumazo a un mandatario elegido de manera
democrática, masiva y legítimamente por las y los ciudadanos de Bogotá, distrito
capital de Colombia.
