Contar con un pequeño pero significativo número de políticos de oficio hoy en la cárcel no deja bien parada la administración pública en nuestras manos, pese a que pueda, al mismo tiempo, presentarse un número mucho mayor de mandatarios locales afrodescendientes con prestancia intelectual, solvencia moral y eficiencia administrativa en el tiempo de sus correspondientes mandatos. Aunque los hechos llevarían a suponer que “la corrupción es connatural al ser humano” como planteara de modo justificatorio el hoy prisionero Miguel Nule, abundan igualmente los casos de quienes, como afrodescendientes, responden con sus acciones y ejecutorias para afirmar que se puede gobernar por encima de interés mezquinos, en respeto de la legalidad y el fundamento social del Estado.
Frente al brillo de figuras históricas con la prestancia política de Luís Antonio Robles, Daniel Valois Arce, Aureliano Perea Aluma o el incomparable Diego Luís Córdoba, cuya oratoria, personalidad pública y vitalidad política aun está por recuperarse académicamente; los recientes casos de actuación criminal por parte de algunos políticos de profesión no sólo constituyen una alerta en los procesos electorales convencionales sino además son un reclamo a la capacidad del movimiento social y político afrodescendiente, incapaz de encumbrar a sus propios representantes, responsables de articular una bancada étnica decorosa y respetuosa de valores y tradiciones ancestrales; lo que nos lleva a meditar su contradicción con aquella máxima weberiana según la cual , “quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan en torno de todo poder”[1].
Pese a ser diferentes la valoración ética de la identidad y la que pueda aplicarse al mundo de la política, de nuevo con Weber en el trasfondo, resulta necesario que el movimiento afrocolombiano evalúe el daño que le hacen a la visibilización y al reconocimiento étnico en el país figuras públicas tan cuestionadas; lo que pasa también por advertir que por procesos de corrupción y concierto para delinquir los centros de reclusión colombianos presentan un crisol étnico heterogéneo en el que molesta, perturba y decepciona contar a algunos de los pocos representantes políticos de las y los afrodescendientes en la reciente historia del Congreso de la República.
Sin duda alguna, el caso más emblemático es el del exsenador Juan Carlos Martinez, cuya red electoral, tensionada por las fuerzas del narcotráfico y el paramilitarismo, se extiende a buena parte del territorio nacional, poniéndole al frente de la apropiación clientelista de las banderas políticas ondeadas por el paramilitarismo, sumada a la voracidad en el desgreño de buena parte de los recursos del Estado.
Entre 1997, año en el que inició su maratónica carrera política, y 2009 cuando fue capturado y luego condenado en 2011 por concierto para promover grupos armados al margen de la ley, Martinez, con reconocida colaboración de los paramilitares y de la familia Abadía, extendió su presencia por buena parte del suroccidente del país.
Su ascenso nacional le llevó a ser presentado ingenuamente en uno de los blog más destacados en el proyecto de afrocolombianos visibles como el “único Senador afrodescendiente en Latinoamérica entre el 2002-2008” exaltándole como “el mejor y más grande político nacido en el pacifico Colombiano en los últimos tiempos”. Sin embargo personajes de actuación táctica como Martinez o intermediarios eficaces en procesos de corrupción contractual como Inocencio Meléndez, restan en lugar de sumar a la participación política afrodescendiente al favorecer la crítica mordaz que, miope ante el problema estructural del clientelismo, la corrupción y la conexidad de la política con el conflicto armado, pone de estos el color de la piel como referente.
Frente al de Martinez, el otro caso emblemático de corrupción entre afrodescendientes lo protagoniza la familia Montes de Oca y su voracidad plutocrática.
Odín y Patrocinio Sanchez Montes de Oca; los dos hermanos de mayor visibilidad en esta familia heredera del poderío político de Jorge Tadeo Lozano, se repartieron diferentes cargos a la Alcaldía, Asamblea, Gobernación y Cámara de Representantes por el Chocó en varios periodos, posiciones que utilizaron para consolidar en ese departamento lo que algunos medios denominan “el clan” de esta familia; cuya capacidad e influencia sostuvo por más de una década el tendido clientelar, el nepotismo y la plutocracia chocoana, de la que participaron los también condenados Edgar Ulises Torres y Robert Mendoza Ballesteros; acudiendo al apoyo y consorte de la mano armada de los paramilitares en esa región.
La estela de nepotismo y apropiación de los recursos del Estado, de la mano con el aseguramiento territorial adelantado por los paramilitares en esta región del país ha venido a significar el grave deterioro de las condiciones sociales, económicas y políticas del Departamento del Chocó, sobre el que se produjo la intervención y administración foránea de los recursos destinados a la salud y a la educación, otrora en manos de las familias Montes de Oca y Torres; medida que tampoco implicó la restitución del decoro y la dignidad en la administración de tales recursos. Hoy, tanto el Gobernador Luís Gilberto murillo, como la Alcaldesa Zulia Mena, tienen la inmensa responsabilidad de demostar que se puede gobernar a este departamento dejando atrás las vergonzosas historias de ostentación, despilfarro, apropiación indebida y contubernio protagonizadas por sus antecesores.
La pregunta para el movimiento étnico en Colombia apunta a que cuestione su capacidad para provocar elecciones de mandatarios y representantes investidos de la solvencia moral suficiente para encarnar, más allá de la sola aspiración electorera, valores y tradiciones pertenecientes a la muy significativa fracción poblacional afrodescendiente del país. La construcción de un movimiento político que se plantee operar los asuntos públicos sobre los basamentos de la honestidad, la pulcritud y la integridad seguramente no resultará rentable para algunos, pero se correspondería con aquellos elementos del imaginario étnico colectivo que advierten el que los abuelos enseñaron el respeto a la palabra empeñada, la salvaguardia de la propiedad propia y la colectiva, el compromiso vital de no robar, el elogio de la laboriosidad y la valía de la representación como compromiso y personificación del otro, aportes fundamentales para la restitución de lo público en Colombia; sin que ello signifique dictar cátedra de moralidad pues, como vemos, con mucha facilidad se cae en la tentación también por estos lares.
[1] Max WEBER. El político y el científico: “la política como profesión”. Altaya, 1995, p. 173
El escrito toca casos emblemáticos de la Región pacífica colombiana, dejando a un lado otras situaciones similares que han afectado al país en general y que se relacionan con el manejo parapolítico y mafioso de la circunscripción especial electoral para comunidades negras. Tanto esta otra forma de captura mafiosa del poder utilizando la flexibilidad de la legislación electoral para etnias, como la que ocurre mediante el uso de la pigmentación de reconocidos corruptos negros, sirve para explicar,junto con la cooptación monetaria algunos de nuestros dirigentes por parte de las colectividades políticas oficialistas y la presencia de la Usaid e IRI, las causas del debilitamiento del movimiento afrocolombiano respecto a sus metas y acciones de fondo. La atomización que hoy ostentamos y la genuflexión ideológica de algunos altos dirigentes se explican a partir de todo lo anterior.
ResponderEliminarGracias por tu comentario.
EliminarDe manera específica trabajo asuntos étnicos relacionados con el Pacífico colombiano, Medellín y Antioquia. Elegí dos casos solamente que resultan una herida abierta y emblemática y estoy preparando un nuevo escrito sobre casos que evidencian buen gobierno, transparencia y comportamiento ejemplar en el manejo de lo público.
La circunscripción especial electoral para afrodescendientes es el asunto de un ensayo en el que trabajo desde hace algunos meses y que pronto espero hacer público.